Las empresas malagueñas ya han recibido 2.276,1 millones de euros de préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para poder hacer frente a sus necesidades de liquidez, realizar sus pagos más inmediatos e ir salvando los muebles como puedan a la espera de captar ingresos, algo que cada vez se torna más complicado con los nuevos brotes de coronavirus que están surgiendo en Málaga y en el resto de España.

El Gobierno ha informado que, hasta el 31 de julio, se han beneficiado de estos avales 17.112 empresas a través de la firma de 25.229 operaciones, lo que provoca que Málaga sea la sexta provincia española con mayor número de transacciones. La mayoría de las empresas que han pedido estos créditos son micropymes y autónomos, algo lógico porque son los que tienen más dificultades de circulante y porque, además, representan la mayoría del tejido empresarial malagueño pues no hay que olvidar, por ejemplo, que en Málaga hay 120.000 autónomos dados de alta en la Seguridad Social. El sector turístico –el más importante en la provincia y uno de los más dañados por el Covid-19–, el de ocio, el cultural, la construcción o el comercio son los que lideran la concesión de estos avales.

El ICO lanzó dos líneas de avales específicas para contener la pandemia. Una de ellas, dotada con hasta 100.000 millones de euros en todo el país, es para autónomos y empresas. Los avales se otorgan a la financiación concedida por las entidades financieras para facilitar acceso al crédito y liquidez, de forma que se destinarían 67.500 millones para pymes y autónomos, 25.000 millones para empresas de mayor tamaño, y 2.500 millones para autónomos y pymes específicos del sector turístico. También hay 500 millones de euros para la adquisición o arrendamiento financiero u operativo de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional. Por otra parte, hay otra línea de avales, dotada con hasta 1.200 millones de euros, para que, según reza el ICO, “los arrendatarios que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del Covid-19 puedan acceder a las ayudas transitorias de financiación en la modalidad de préstamos avalados y subvencionados por el Estado para hacer frente al alquiler de vivienda habitual de los hogares”.

En total, de los 2.276 millones de euros que ha concedido el ICO hasta ahora a empresas malagueñas, el Estado ha avalado 1.785,9 millones de euros. “Es una medida sin precedentes del Gobierno para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria”, señaló el subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz, quien añadió que “el Gobierno es consciente de los efectos de esta crisis sanitaria mundial y ha hecho y sigue haciendo un esfuerzo extraordinario y sin precedentes de apoyo al tejido productivo”, recordando que además de estas líneas del ICO ha habido una prestación extraordinaria para los autónomos o la realización de Expedientes Temporales de Regulación de Empleo hasta septiembre, cuya negociación para prolongarlos, al menos, hasta diciembre va a tener lugar en los próximos días.

Los empresarios valoran positivamente estas líneas del ICO, aunque recuerdan que no son gratis sino que son préstamos con un interés mínimo del 1,5% que, lógicamente, hay que devolver por lo que los empresarios, para poder ir tirando estos meses, se están endeudando más y desconocen qué ingresos van a tener. Si hubiera un segundo confinamiento, la situación sería dramática y, según el último barómetro de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), el 55% de estos profesionales se plantearían el cierre de sus negocios.

Los préstamos ICO tienen un interés mínimo del 1,5% que hay que devolver, por lo que el empresario se está endeudando más

“Pensamos que el 20% de las empresas de Málaga van a ir a concurso de acreedores y van a desaparecer”, aseguró el pasado 9 de agosto el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cuberos, quien reclamó como medidas adicionales que el Gobierno haga una mayor aportación en los Ertes, que haya moratorias en los impuestos o que se baje el IVA en el turismo. Natalia Sánchez, vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Málaga, fue en la misma línea. Vicente Morató, socio director del despacho de abogados Martínez-Echevarría, afirma este jueves en este diario que, por ahora, las empresas están aguantando con los Ertes pero que a partir de enero habrá muchas refinanciaciones y reestructuraciones para poder seguir operando “y el que falle podrá acabar en concurso”