El caso de Alcaucín contra una presunta trama de corrupción urbanística, bautizada como operación Arcos, ha saltado sólo siete meses después de la última gran causa con estas características coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, la que en julio de 2008 llevó a la cárcel al entonces alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos. Málaga fue una de las primeras provincias españolas en contar con un fiscal Anticorrupción y en la actualidad ya hay tres dedicados en exclusiva a luchar contra las corruptelas y se estudia la posibilidad de que exista un cuarto.

El que ha llevado a la detención del alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, es, de momento, el escándalo político del año. El último había sido Estepona (ya hay 63 imputados), pero no es el único. El alcalde de Alhaurín el Grande (PP), Juan Martín Serón, cayó a principios de 2007 en la operación Troya por un caso con algunas similitudes al de Alcaucín, el presunto cobro de comisiones vinculadas a operaciones urbanísticas. El juzgado de Coín que instruye el caso ha ordenado continuar el proceso al transformar las diligencias en procedimiento abreviado.

El caso que más ha conmocionado a la opinión pública ha sido Malaya, que el 29 de marzo de 2006 provocó la detención de la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, buena parte del equipo de gobierno local y el todopoderoso Juan Antonio Roca. Este sumario provocó la disolución del Ayuntamiento de Marbella y el final del imperio creado por el fallecido Jesús Gil cuando accedió a la Alcaldía en junio de 1991.

El primer gran caso que saltó a la opinión pública sobre la conocida como delincuencia de guante blanco fue Ballena Blanca, que en marzo de 2005 desarticuló una red internacional de blanqueo de dinero de origen ilícito presuntamente organizada desde el despacho del abogado Fernando del Valle. Este caso derivó en la primera dimisión de un alcalde por presunta corrupción, la del independiente Pedro Tirado, ex regidor de Manilva y salpicado de lleno por la recalificación de la finca La Parrada. Está pendiente de juicio.

Al margen de las grandes operaciones policiales coordinadas por Anticorrupción, más de una docena de alcaldes de Málaga están imputados, la mayoría por delitos urbanísticos.