"Una ley innecesaria y hecha a espaldas de la comunidad educativa". Así considera la plataforma Más Plurales la reforma educativa promulgada por la ministra Isabel Celaá, que "se ha aprobado en el Congreso de una manera exprés, sin buscar el consenso ni la posibilidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación que la sociedad demanda". Por ello, y ante su inminente paso por el Senado, la enseñanza concertada de Málaga vuelve a convocar un acto de protesta este domingo. 

Las organizaciones Escuelas Católicas, CECE, FSIE, Feuso, Concapa, Fedampa y Fapyma han organizado para el 20 de diciembre una nueva acción de protesta contra la Lomloe en toda España. En Málaga, han convocado una manifestación con vehículos adornados con motivos naranjas entre las 11:00 y las 13:00 "que circularán por diversas zonas de la capital". 

Sin embargo, ante la proximidad de las celebraciones navideñas "se va a autolimitar la participación y se adecuará el recorrido para minimizar el trastorno circulatorio que produciría repetir la caravana anterior con cerca de 3.000 vehículos", explican desde Más Plurales. De esta manera, aseguran que "el desarrollo de la manifestación no va a afectar a la libertad de movimientos en un día en el que muchos malagueños estarán inmersos en las compras navideñas". 

Patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada coinciden en rechazar la Lomloe, "tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido, ya que supone una merma al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al dejar en manos de la administración la programación de plazas escolares sin atender a la demanda social", estiman los convocantes de la protesta.

Según las entidades, la reforma educativa amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector, no avanza en la carrera profesional docente, ni aborda los problemas de la educación al no afrontar las causas del fracaso escolar ni la baja tasa de empleabilidad de los jóvenes.

También consideran que "la distribución unilateral del alumnado con desventaja social, educativa o económica no sólo no evita la segregación educativa, tiene la consecuencia práctica -al impedir la libertad de elección de las familias de estos menores- de aumentar las diferencias, limitando las oportunidades y su éxito educativo".