Entrevista | Fiscal de delitos de Odio en Málaga “Se echa en falta luchar más por prestigiar la imagen de la Justicia”

  • Denuncia que jueces y fiscales sean acusados de estar sometidos al Gobierno y destaca que son imparciales

La fiscal María Teresa Verdugo

La fiscal María Teresa Verdugo

La provincia de Málaga, uno de los principales laboratorios judiciales de España, cuenta desde hace casi una década con una Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación. Al frente se mantiene María Teresa Verdugo, que trata de aplicar la ley “con empatía, equidad y sentido común”.

–La Fiscalía que persigue los delitos basados en el odio a la diferencia se instauró en 2011 para visibilizar a las minorías. ¿Qué balance hace?

–Fuimos punteros. Hasta entonces solo estaba la Fiscalía de Barcelona, que llevaba miguel Ángel Aguilar, quien nos guió y puso en marcha los protocolos. En 2011 se decidió crear una en Málaga y en 2013 se designó un delegado en todas las provincias para que hubiera una red de fiscales. Antes no se acusaba por delitos de odio pese a que los tipos penales existían desde el año 95. Agredir a alguien por ser diferente es casi tan antiguo como el hombre, pero eso ya ha cobrado muchísima importancia en cuanto a denuncias y ruido mediático.

–¿Cuál es la situación que hay en Málaga?

–En general, Málaga tiene algo bueno: puesto que vivimos del turismo y recibimos a mucha gente de otros sitios, tenemos un perfil bastante abierto y tolerante. También es verdad que, como ciudad grande que es, resulta fácil que grupos más radicales hagan daño en momentos puntuales. Es una de las provincias más litigiosas.

–¿Cuáles son los casos más habituales que llegan?

– Se pueden distinguir dos tipos: daños, por ejemplo al destrozar un local con pintadas o un coche, o bien lesionar a una persona por razón de sexo o raza, aunque hay pocos casos. El delito de odio por esencia se refiere al ataque de alguien por ser diferente. Y ahí encontramos dos problemas: se dan muchos más de los que se denuncian. Hay una cifra sumergida del 80% porque la víctima tiene miedo y piensa que la Justicia no va a responder adecuadamente. Trabajamos con ONGs que acogen a colectivos desfavorables, con colegios de abogados y con quien tiene interés en formarse para conocer los derechos. La ley les apoya. No siempre los operadores jurídicos detectan que si en un delito de lesiones o daño concurre el agravante de discriminación estamos ante otro de odio.

–¿No se percibe una mayor sensibilización de la sociedad a la hora de denunciar?

–Cuando preguntamos si por ser de otra etnia han sido agredidos o insultados o no se les ha permitido entrar en un restaurante, la mayoría dicen haberlo sufrido. Pero casi nadie denuncia. La población gitana ha sido, tradicionalmente, la más discriminada en nuestra sociedad y, sin embargo, tenemos tan asumido –y ellos tan interiorizado– que se les ha tratado de forma diferente que no denuncian. Creen que el sistema judicial actuará igual. La ley está, por supuesto, para asistirles.

"El colectivo gitano ha sido el más discriminado. No denuncia al creer que el sistema actuará igual”

–¿Cuántos atestados se han tramitado en el último ejercicio?

–La Fiscalía suele llevar entre 12 y 20 asuntos al año de esta naturaleza. Estoy haciendo la memoria de 2020, que ha sido un año raro. Han entrado muchos menos asuntos, pero de todo tipo. Hay menos gente en la calle y las cifras han bajado mucho. Lo que más sube a nivel nacional es el discurso de odio en redes, en público o en programas de televisión. Aumentan las denuncias cruzadas; hablamos de vejaciones, insultos o una actividad despreciativa reiterada.

–¿La Justicia está politizada? ¿Se reciben presiones para acusar o no según los casos?

–La politización es más estética que material. Los jueces y fiscales, aunque somos una organización jerárquica, actuamos siempre con imparcialidad. Ni mis compañeros ni yo recibimos presiones para acusar ni para pedir el archivo de una causa. A veces, da la impresión, por las manifestaciones políticas, que estamos sometidos a lo que diga el Gobierno, pero la realidad demuestra lo contrario. Me preocupa que, cuando salta a la luz el caso de algún político y la Fiscalía actúa, quienes ejercen responsabilidades digan que ésta ha seguido las instrucciones del Gobierno. Eso es falso.

–¿A qué se refiere con esa politización estética?

–El hecho de que una persona que ocupa un cargo público haga determinadas manifestaciones poniendo en duda la imparcialidad de jueces o fiscales puede hacer que la opinión pública pierda su confianza en la Justicia. Se echa en falta que se luche un poco más por prestigiar nuestra imagen. No tenemos mecanismos quizá suficientemente ágiles para explicar lo que hacemos y justificar nuestras actuaciones de manera que sean entendidas por la sociedad.

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