La ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe será juzgada esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga por presuntamente prevaricar y malversar tras colocar a dedo a su marido en el Ayuntamiento marbellí. El juicio esta previsto que se celebre el próximo miércoles, según han informado a Efe fuentes judiciales, y en el banquillo de los acusados también se sentará el marido de Yagüe y el gerente de la sociedad municipal de Gerencia de Obras y Servicios de Marbella.

El fiscal mantiene que la acusada designó verbalmente a su esposo como coordinador general de hacienda del Ayuntamiento, "sin ajustarse a procedimiento legal alguno" y que dicho nombramiento no fue autorizado por la comisión de Gobierno del consistorio y se hizo sin darle cuenta al pleno y sin decretarse decreto alguno.

Presuntamente, el gerente de la sociedad municipal cumplió la orden verbal emitida por la alcaldesa y en julio de 2003 concertó contrato de trabajo con el marido de Yagüe "a pesar de conocer el incumplimiento de los requisitos legales por todos los acusados". El sueldo neto medio mensual era de 3.194 euros aunque en agosto del mismo año la alcaldesa ordenó al gerente de la sociedad que le incrementara el salario a 4.808 euros, aumento que se hizo a petición del marido.

El ministerio público entiende que la intención de los acusados era "apoderarse de fondos públicos bajo apariencia de una mayor actividad laboral, que realmente no se prestó". El incremento salarial se acordó sin ajustarse a procedimiento legal alguno, sin el conocimiento ni consentimiento de la junta de gobierno local ni del pleno y sin ajustarse a convenios colectivos vigentes, destaca el fiscal.

La fiscalía malagueña mantiene que el matrimonio tuvo un apoderamiento de 37.146,78 euros en los periodos de agosto de 2004 a mayo de 2006 y el gerente "consintió y ejecutó los pagos con pleno conocimiento de su ilegalidad".

Los tres procesados están acusados de dos delitos de prevaricación, uno de ellos en concurso con otro de malversación de caudales, y se le pide una pena de cinco años de prisión, multa de 3.600 euros e inhabilitación durante diez años para cada uno de ellos. Además se insta a que indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento con 37.146 euros por los perjuicios sufridos.