La expropiación de una parcela situada junto a la sede del OMAU y el Parque de El Morlaco, calificada como zona verde y con pendientes de hasta el 80%, le va a acabar costando al Ayuntamiento de Málaga diez veces más de lo que inicialmente pretendía pagar. La incidencia que esta operación va a tener sobre las arcas municipales se va a traducir en casi 7,6 millones de euros, cuando los técnicos de la Gerencia de Urbanismo la tasaron en 729.870 euros. La última vuelta de tuerca en torno a esta enajenación va a ser objeto de información en el Consejo de Urbanismo que tiene lugar la semana próxima, a la que los responsables del ente municipal llevan la propuesta de liquidación de los intereses de demora del citado proyecto de expropiación. Conforme a los datos contenidos en el citado expediente, el pago al que ahora va a tener que hacer frente el Consistorio supera levemente los 2 millones de euros, correspondientes a los intereses de demora acumulados desde el 18 de febrero de 2008 hasta el pasado 13 de febrero. A esta primera cantidad hay que agregar, aunque imputable a la Comisión Provincial de Valoraciones, otros 218.559 euros por la demora en la determinación del justriprecio.

La cuantificación de ambos conceptos se aplican sobre la base del valor que finalmente acabó determinando el Tribunal Supremo en una sentencia emitida el 20 de noviembre del año pasado. El mismo se situó en 5.566.949 euros, más de siete veces por encima del dato establecido por el Ayuntamiento. El citado fallo rebajaba, no obstante, la cuantía que llegó a imponer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una primera sentencia, elevando la cifra a algo más de 10 millones. La misma fue recurrida en casación tanto por la empresa propietaria de la finca, Hemamolo S.L., que en origen reclamaba 16,6 millones, como por el Consistorio. El monto económico precisado por el Alto Tribunal fue coincidente con el justiprecio establecido por la Comisión Provincial de Valoraciones en junio de 2007.

El elevado coste de la operación se relaciona con un solar de 6.444 metros cuadrados pero cuyo aprovechamiento es prácticamente nulo, al contar con pendientes del 80% en más de las dos terceras partes de su superficie. La expropiación estaba prevista en el anterior Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997. El mecanismo marcaba la obligación del Consistorio a hacerse con este terreno, considerado como un sistema local de espacios libres, en un plazo máximo de cuatro años. Superado este tiempo, los propietarios del terreno podían instar al Ayuntamiento a su enajenación por ministerio de ley. Y eso es justamente lo que hizo la empresa Hemamolo en abril de 2005.

El Supremo atendió, al menos parcialmente, los argumentos municipales y desechó las pretensiones máximas de la parte privada. En su sentencia, corrigió la conclusión del TSJA, que tomó como referencia el informe elaborado por el perito judicial, que puso en valor la "muy buena" localización del suelo por sus conexiones, a lo que sumó que se trataba de un espacio de transición entre la zona "más exclusiva del municipio y una de las barriadas con más solera, como es la zona del paseo marítimo de Pedregalejo y El Palo".