Quedan dos días para que 158.190 alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional vuelvan a clase. Alejandro Morales y sus compañeros de Programas Específicos de FP Básica con diversidad funcional que hayan cumplido 21 años no están dentro de ese número. A final de curso se les advirtió de que no podían continuar en segundo curso a pesar de haber superado primero. La normativa Lomce fija en los 21 el límite de permanencia en estas enseñanzas. A partir de ahí iniciaron una batalla administrativa que ha llegado a los juzgados. A finales de agosto, Alejandro Morales interpuso contra la Junta de Andalucía una demanda contencioso administrativa con solicitud de medidas cautelares urgentes por la vulneración de derechos fundamentales. Aún están a la espera de la resolución del juez, pero si no hay cambios en las próximas 48 horas, el curso empezará sin él.

"Él quiere seguir estudiando, me pregunta todos los día que qué va a pasar mañana, si va a poder seguir en su instituto, que cuándo el juez va a decir lo que sea", explica su madre, Carmen Morales. Pero ella aún no tiene esas respuestas. "Le digo que hay que esperar, no nos queda otro remedio", agrega Morales, que también preside Solcom, asociación nacional que defiende los derechos de las personas con diversidad funcional. "Las peticiones de medidas cautelares urgentes lleva un procedimiento abreviado, pero el parón de agosto más la masificación que hay en los juzgados hace que se ralentice el proceso", afirma Carmen Morales. También apunta que no hay un juzgado especializado en diversidad funcional, "lo cual nos perjudica".

La odisea de estos padres -en el instituto Nº 1 Universidad Laboral estudian unos 30 alumnos los Programas Específicos de FP Básica- comenzó en el último trimestre del curso anterior. "Educación mandó un documento que decía que no podían continuar su segundo curso, se les niega la matriculación por razones de edad según contempla la ley, pero es que la Constitución y la convención internacional sobre los derechos de las personas con diversidad funcional está por encima de la Lomce", reflexiona Morales y señala, con frustración, que "ahora mi hijo tiene que ir a un tribunal para que no le quiten sus derechos fundamentales".

Para la presidenta de Solcom que ella no tenga problemas para matricularse en un grado superior con 55 años "y sin embargo mi hijo con 21 no pueda seguir estudiando, es claramente una vulneración de un derecho fundamental y una discriminación". Estos jóvenes se han quedado fuera del sistema educativo sin poder obtener un certificado de profesionalidad que les avale para poder buscar un futuro laboral, ya de por sí mucho más complicado para ellos. "Yo no voy a tirar la toalla, alguien tiene que decir basta ya. Si no luchamos siempre vamos a seguir en el mismo sitio y no puede ser", sostiene con firmeza la presidenta de Solcom y lanza un mensaje. "Cada vez que legislen contra los derechos nos vamos a ir a los tribunales".