Se desconoce a cuánto asciende el déficit de la atención sanitaria a los ciudadanos europeos en España a los que luego no se cobra la asistencia, pero se estiman pérdidas millonarias. Un informe alerta de esta sangría y urge a las administraciones a ponerse las pilas para frenarla. "Probablemente quedaríamos espantados por las pérdidas que alegremente estamos soportando por inoperancia, desidia, descuido, desorganización y falta de concienciación política". Así de contundente es el trabajo de Carlos García de Cortázar, consejero de Asuntos Sociales de la representación de España ante la Unión Europea.

El informe se refiere al Estado español, pero sus advertencias valen para Málaga que es la provincia andaluza donde la demanda sanitaria de los comunitarios es mayor. "La generosidad de nuestro sistema de salud (gratuito y universal) actúa como efecto llamada". Y resume: atrae a los enfermos de estados con una sanidad menos desarrollada, como Rumanía o Bulgaria; a los que tienen mayores listas de espera, como el Reino Unido; o a los de países con copago, como son la mayoría.

Los europeos tienen derecho a recibir asistencia sanitaria y hay previstos distintos métodos para su cobro. Pero la realidad es que "España recupera una mínima parte de lo que otros países deberían pagarle por haber atendido a sus ciudadanos", afirma Inés García, directora del Observatorio de Salud en Europa. Hace ya cinco años, la Delegación de Salud estimó que el agujero financiero en la provincia podía rondar los 300 millones de euros anuales, el equivalente al coste de 25 hospitales de alta resolución como el de Benalmádena. No hay nuevos datos.

Aparte de dejadez de los centros a la hora de facturar o de errores en los datos de los enfermos que impiden hacerlo, hay más problemas que agravan la hemorragia.

El primero, el de los europeos no empadronados. Cuando un ciudadano comunitario está censado, su país de origen está obligado a pagar por él a España unos 700 euros anuales. Pero si la persona no hace ese trámite -y no está obligada a ello-, el dinero no llega. La magnitud del déficit puede calcularse si se tiene en cuenta que en Málaga hay cerca de 400.000 europeos sin empadronar y por los que no se percibe compensación alguna, aunque consumen servicios. La atención sanitaria a estas personas se puede facturar a su país de origen, pero en la amplísima mayoría de los casos no se hace, con lo que el agujero se engorda aún más.

El segundo problema es el de los comunitarios que se empadronan de forma oportunista -y fraudulenta- para recibir una asistencia para la que en sus países tendrían que esperar mucho, deberían pagar una parte cuando en España es gratis o directamente porque sus estados los excluyen de la prestación que aquí sí se les concede. Por el mero hecho del empadronamiento, se les otorga la cartilla médica que les da derecho a todos los servicios sanitarios.

El informe, publicado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, advierte: "No es de extrañar que muchos ciudadanos de la UE se desplacen a nuestro país con el único propósito de someterse a una intervención quirúrgica o recibir un tratamiento especializado. El único condicionante previo -el empadronamiento- se puede realizar con trámites mínimos, a las pocas horas de la llegada".

Hay apellidos de toda Europa en las listas de espera para operaciones muy caras como prótesis de cadera, marcapasos y hasta trasplantes. "Tenemos más extranjeros que hace unos años. La mayoría son comunitarios, personas mayores con patologías más complejas y que requieren de más días de ingreso", reconocía un facultativo del SAS.

Aunque por cada uno de estos falsos residentes se cobren 700 euros anuales porque se han empadronado, esa suma no compensa en absoluto las intervenciones a las que se someten. Un marcapasos, por ejemplo, cuesta unos 3.000 euros, una prótesis de cadera alrededor de 5.000. A estos gastos habría que añadirle además el coste de encame y de los profesionales.

El estudio advierte además de otra perversión. Como con el simple empadronamiento, esos europeos consiguen la cartilla sanitaria "de repente todas esas personas [...] se convierten con un mero trámite, mediante un ejercicio de transformismo, en asegurados españoles, por lo que ya no es posible demandar reintegros de gastos a otros estados, debiendo asumir nuestro sistema de sanidad los costes de la asistencia prestada".

El trabajo desvela la existencia de abusos y fraude, pero insinúa que la culpa de esta enmarañada y compleja situación es de España. La legislación comunitaria exige que para que un ciudadano resida en otro estado de la Unión, tenga un seguro médico para no ser una carga para al sistema sanitario de residencia y medios económicos suficientes para no tener que demandar prestaciones de asistencia social. La legislación europea permite incluso denegar una residencia si no se cumplen estas condiciones. Por ello, el informe aclara que "no es el Derecho comunitario el generador de abusos". El trabajo sugiere incluso que es el sistema de acceso a las prestaciones con el mero empadronamiento el detonante de la situación: "Nos deberíamos preguntar si no se está incentivando o provocando, indirectamente, con nuestra actuación bienintencionada, ese fraude que afirmamos querer evitar o perseguir".

Hay otro problema añadido: los centros que se preocupan por facturar la asistencia tienen que asumir los gastos administrativos de la tramitación, pero el dinero no revierte a su caja sino a la Hacienda autonómica. El informe insta a parar la sangría porque el turismo sanitario, las residencias ficticias, los abusos o los fraudes están "lastrando" el sistema: "No parece de recibo continuar en este limbo administrativo en donde, salvo honrosas excepciones, la no decisión es la regla imperante y en el que se aprecia una falta de impulso político".