-¿Qué suponen condenas como los seis meses de prisión impuestos por zarandear a una maestra?

-Condenas de este tipo ayudan a la sociedad a entender que no se puede actuar de manera impune ante un desacuerdo. Que los maestros estamos ahí para hacer un servicio público y no se puede ir con violencia a solucionar un problema. Hay otras vías, que están perfectamente reguladas.

-¿La violencia en las aulas sigue siendo un problema?

-La violencia en las aulas no es una constante en el sistema educativo andaluz, pero en determinados centros empiezan a ser frecuentes las agresiones verbales, amenazas y burlas. Agresiones físicas no es que sean las más, no es común llegar al puñetazo, pero sí al zarandeo, a un "te voy a buscar", "te voy a matar", "no sabes con quién hablas"... No es un continuo pero es verdad que cada vez se están dando un poco más.

-¿Están creciendo los casos?

-Sí

-¿Cambia el perfil de los agresores?

-Bueno, el perfil suele ser el mismo, padres que no están conformes con las sanciones que se le imponen a sus hijos. En lugar de utilizar el diálogo recurren a la fuerza y en vez de intentar solucionar los desacuerdos en la tutoría se enfrentan. Hay una desconfianza hacia el profesorado que se percibe a nivel social y administrativo en los últimos tiempos y que creemos que es el origen de que estos conflictos con los padres aumenten cada vez más.

-¿Son más padres que alumnos los que toman estas actitudes?

-Cada vez hay más casos de padres. Con alumnos la problemática es otra, es la falta de respeto, el incomodar al docente para perder clase, los insultos, las amenazas, no tanto la agresión física. De ésta, los casos detectados recientemente son más de familiares que de alumnos.

-¿Las nuevas tecnologías incrementan estas conductas?

-Efectivamente. Al haber un vacío legal en este aspecto, aunque hay tendencia a regularizarlo aún no lo está, es verdad que las redes sociales se utilizan como un medio para cuestionar la labor de los docentes y para insultar. En los grupos de Whatsapp, las grabaciones colgadas en Youtube...

-¿El docente ahora está más expuesto?

-Claro. Por eso sí que es muy importante un protocolo de actuación en cuanto a la tenencia de móviles en las aulas. No es que haya que prohibirlas, las tecnologías están ahí y es algo que no podemos obviar, hay que incluirlas en el sistema educativo. Pero tiene que estar regularizado y organizado.

-¿Cómo se abordan estos conflictos en los centros?

-Existe un protocolo de la Consejería de Educación que pide calma, intentar contener la situación y, en último momento, responder exclusivamente mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda, de compañeros y externa si procede. Hay que informar a la dirección y acudir, si se precisa a un centro de salud. Y la inspección debe favorecer la asistencia jurídica gratuita, que a nuestro parecer no está funcionando. Tenemos afiliados que años después no han cobrado el gasto que tuvieron por interponer la demanda.

-¿Los profesores se sienten apoyados en sus centros?

-La sensación generalizada es de no tener apoyos. Entendemos que se intenta que estos casos no salgan a la luz pública, que se solucionen en el centro y el profesor no siente ese apoyo como para seguir adelante.

-¿Cómo afronta entonces el docente este tipo de problemas?

-En la mayoría de los casos se dan de baja, se sienten impotentes, puede que acudan a los servicios jurídicos para interponer la demanda correspondiente pero no se sienten con fuerzas para volver al centro, con el descuento en la nómina que eso conlleva.

-¿Cuántos siguen adelante con la denuncia?

-En torno a un 20%. Siempre animamos que no se achanten, si se sienten agredidos o vulnerada su integridad física, moral o su praxis docente que sigan adelante, porque esto es lo único que ayuda a paralizar la violencia. Es verdad que muchos centros ayudan, pero por parte de la Administración echamos en falta un poco más de implicación. Se trata de que los planes de convivencia funcionen y que el alumno o la familia no sienta que haga lo que haga no pasa absolutamente nada.

-¿Qué se necesitaría para acabar con esta violencia?

-Que los profesores tengan el reconocimiento de autoridad pública, que se desarrolle la norma en Andalucía y empecemos a trabajar de forma conjunta en el desarrollo de planes de convivencia. Y es muy importante poner recursos para que esto funcione.

-¿Por qué en Andalucía no tienen los docentes consideración de autoridad pública?

-Eso es lo que nos gustaría saber, porque cualquier funcionario público tiene que ser autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.