Un total de 352 familias con recursos limitados de Málaga capital y de las localidades de Ronda y Marbella se beneficiarán del Programa de Rehabilitación Singular de la Consejería de Vivienda.

Así, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, y la delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, fimaron 14 convenios con comunidades de propietarios para llevar a cabo la citada actuación.

Gámez explicó a los medios que estas ayudas se dirigen a la rehabilitación de edificios con una antigüedad superior a los 10 años. Además, manifestó que esta actuación por parte de la Junta de Andalucía supone la subvención de ayudas entre el 75 y 95 por ciento de la actuación.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga apuntó que las actuaciones en algunos edificios supone la instalación de ascensores, la sustitución de éstos por otros más modernos, y en muchos casos, actuaciones en materia eléctrica y de agua.

Respecto a la inversión económica, Gámez resaltó que ésta roza los 2,1 millones de euros. "Esta subvencion tan elevada se debe sin duda a que son edificios, cuyos vecinos, mayoritariamente, tienen unas rentas muy bajas que no superan 2,5 el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem) o algunas veces no llegan a 1,5", por lo que añadió que "suponen rentas de familias bastante humildes que no podrían por sí mismos acometer económicamente estas reparaciones".

Con esta actuación, "estamos sumando una actuación que en el caso de Málaga ya está beneficiando a más de 5.000 familias, cuyos edificios se están rehabilitanto gracias a los fondos de la Junta de Andalucía".

En este sentido, resaltó que "en este año pretendemos llegar a 9.000 familias", a lo que añadió que la inversión en rehabilitación de viviendas llegaría casi a los 38 millones de euros.

Además, Gámez hizo hincapié en que con esta actuación se crearán 230 puestos de trabajo y permitirá a la gente que "siga viviendo en su entorno".

La delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, manifestó, por su parte, que estas actuaciones se llevarán a cabo en las zonas comunes de los edificios, concretamente en cubiertas, humedades, instalaciones, eliminación de barreras arquitectónicas, entre otras.

López fue cuestionada sobre la situación de las viviendas ilegales en el municipio malagueño de Mijas y aseveró que "la Junta no las va a regularizar ni a legalizar" e informó de que esta función "le corresponde al Ayuntamiento de Mijas". "Desde el Gobierno andaluz lo que hacemos es un control de legalidad", apostilló.

Por otro lado, en cuanto al empleo de su marido, que trabaja desde 2008 como coordinador de Áreas Administrativas del Consistorio de Mijas, López afirmó que "está en el Ayuntamiento, pero no está vinculado en absoluto en la materia que yo llevo".

La responsable provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta declaró, al respecto, que su marido "está contratado por su profesionalidad" y se encuentra "totalmente al margen de las viviendas ilegales o no".