La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha solicitado una pena de tres años de cárcel para el juez Francisco Javier de Urquía al que le imputa los delitos de prevaricación judicial, cohecho y negociación prohibida a funcionario público.

En la trama por la que el magistrado ha sido acusado aparece el ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, para el que el fiscal pide la misma pena y al que acusa de negociación prohibida a funcionario público y cohecho.

Los hechos sucedieron en marzo de 2006, cuando el juez presuntamente prestó un trato de favor a Roca, a cambio de que éste le hiciera una gestión en la compra de su casa, según se desprende del escrito de acusación.

Todo ocurrió días antes de que estallara la operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella.

Según relata el Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales, el 14 de marzo de 2006, el ex asesor de urbanismo presentaba en el juzgado de guardia, que resultó ser el Juzgado de Instrucción número 2, del que era titular De Urquía, una denuncia contra Cristóbal Toro por un delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen. La televisión de Toro estaba emitiendo un programa en el que denunciaba actividades sospechosas del que luego resultó ser el presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, que pedía la suspensión del programa.

El juez abrió diligencias y ordenaba el fin de la emisión. Pero al día siguiente, dictaba otro auto por errores de forma en el anterior y el programa volvía a emitirse.

Ante esta situación, Roca llamó a un conocido suyo, Arnaud Fabrice Albouhair, ahora también imputado por los mismos delitos que Roca, a sabiendas de que éste era amigo del juez para que "utilizara su influencia". Ese mismo día, Arnaud le dijo a Roca que "había hablado con el juez", según el fiscal, y a continuación le explicó los fallos de forma que le habían impedido continuar con la causa. En la conversación intervino el propio magistrado para detallarle la mejor forma de llevar a cabo la querella. La calificación fiscal recoge cómo De Urquía le dijo a Roca: "El programa no lo van a emitir". Al día siguiente, el asesor acudió al juzgado y siguió las instrucciones del juez. Finalmente, el programa se suspendió.

Todas estas vicisitudes se desarrollaron de forma paralela a la compra de una casa por parte de De Urquía. Esta vez fue el magistrado el que acudió a Fabrice para ponerse en contacto con Roca y que le ayudara con la adquisición del inmueble. "Accediendo éste, al ser consciente de la importancia que podía tener para su futuro contar con la ayuda de quien ejercía funciones como juez", dice el fiscal, que insiste: "de común acuerdo establecieron los tres acusados que, como parte de la ayuda prestada, realizara las gestiones para formalizar la venta".

Así lo hizo Roca, según sostiene el escrito de la acusación, ya que no sólo consiguió mejores condiciones, sino que le entregó al magistrado un sobre con 73.800 euros. Días más tarde, Roca era detenido y en el registro de su despacho, aparecía el contrato de compra-venta de la vivienda del juez.

Por todo ello, la acusación fiscal pide, además de cárcel para los tres imputados y el pago de una multa de 213.000 euros para De Urquía y de 177.000 para el resto de acusados, la inhabilitación del juez durante 19 años.