El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Alberto Zaragoza, no ve necesario endurecer penas por delitos que se investigan en operaciones como "Ballena Blanca", "Malaya" o "Astapa", pero pide aplicar la ley para que "el delincuente no tenga la sensación de impunidad que ha tenido hasta ahora".

Al acudir hoy en Málaga al I Congreso Nacional sobre la Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, ha asegurado a los periodistas que "una ley que no se aplica, un tipo penal que no es objeto de aplicación a través de investigación, a través de procesos penales, no tiene efecto disuasorio y no genera efecto de prevención general en la sociedad".

Por ello, ha asegurado que "lo importante es llevar a cabo estas operaciones, aplicar las leyes".

No cree que el delito de blanqueo sea un tipo penal abierto donde quepa todo y destaca que "el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción generan beneficios y ganancias fabulosas" y que el delito de blanqueo "es el arma más importante para hacer frente a estructuras económicas de estas organizaciones criminales".

Resalta que "algunos abogados o algunos despachos, porque dentro del colectivo son muy pocos los que se dedican a estas actividades, desempeñan labores de asesoramiento en el terreno económico, financiero, labores de intermediación financiera, gestión de fondos y creación de sociedades y esto va mucho más allá de la simple asesoría jurídica".

En este sentido, ha precisado que "cuando tiene encaje en un tipo penal como el blanqueo de capitales, no hay ninguna causa de justificación y es la razón por la que en algunas investigaciones aparecen miembros del colectivo de abogados, lo que no quiere decir nada respecto al colectivo en su conjunto".

Afirma que la relación cliente-abogado "tiene especial protección en el ordenamiento, el secreto profesional está consagrado en la Constitución" y que "alguien incurso en un procedimiento penal o de otra naturaleza tiene derecho a abogado, esa relación es sagrada y un abogado tiene dispensa de declarar, no está obligado".

Sobre las referidas grandes operaciones en la Costa del Sol, no se atreve a afirmar si es o no la punta del iceberg y señala que "es una realidad que se vive fundamentalmente en zonas costeras del Mediterráneo" y que el sistema judicial y la autoridad policial tienen obligación de investigar esos comportamientos "porque generan corrupción y afectan a bienes jurídicos importantes protegidos".

Respecto a los abogados que ven incorrecta la fórmula que se sigue en la Costa del Sol en casos de blanqueo al producirse detenciones de presuntos implicados y autos de prisión antes que una profunda investigación, no cree esas críticas justificadas.

Precisa que en una operación contra redes de corrupción muy instaladas en esta zona "primero hay que hacer una investigación seria y seguro que las detenciones son consecuencia de una investigación de meses donde se han recogido indicios y datos suficientes para proceder a ellas por haberse conductas criminales".

En relación a la legislación de prevención del blanqueo respecto a notarios, abogados o empleados de banca, cree que tiene "suficiente seguridad y precisión como para que los abogados se responsabilicen de que tienen que cumplir con obligaciones legalmente impuestas en orden a evitar que sean utilizados para el blanqueo de capitales"