La Fiscalía de Málaga ha solicitado una pena total de 48 años de cárcel para los presuntos miembros de una red perfectamente organizada que supuestamente se dedicaba a introducir hachís en la península y que estaba dirigida desde la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre por uno de los 10 procesados, de nacionalidad argentina. Además, pide una multa de más de 27 millones de euros.

El supuesto cabecilla, cuyo nombre responde a las iniciales W. A. V. L., a pesar de encontrarse interno y "valiéndose de un teléfono móvil", ejerció las labores de dirección de la organización "manteniendo contactos tanto con los propietarios de las sustancias estupefacientes como con los presuntos compradores y con las personas encargadas de transportar y ocultar la droga", según las conclusiones iniciales del fiscal.

El escrito señala cómo el principal procesado se valía de un ex compañero de la prisión, conocido con el alias de El Cebolla, que contaba con "suficiente infraestructura en su zona de residencia, así como con vehículos y conductores para poder llevar a cabo operaciones de esta naturaleza".

Posteriormente, contactaron con otro acusado, alias El Peluquero, también antiguo compañero del centro penitenciario y que se encontraba cumpliendo condena en régimen abierto, con el fin de realizar, según el Ministerio Fiscal, una operación para introducir en la península "una importante cantidad de droga" por la costa de Almería.

Así, la acusación pública relata que en abril de 2003 El Cebolla junto con otros dos procesados acudieron al aparcamiento de un restaurante de comida rápida de un centro comercial de Málaga capital para recoger la furgoneta que les fue suministrada por un hombre no identificado, saliendo para la localidad almeriense de San José de Tanatorio donde le esperaba El peluquero.

La Guardia Civil observó en la playa conocida como Cala Cuarteles una embarcación de alta velocidad de la que se desembarcaban unos fardos que fueron introducidos en la furgoneta, en la que sólo se encontraba uno de los procesados, que logró darse a la fuga, aunque fue detenido posteriormente. En el interior del vehículo, sustraído en Madrid, se hallaron 1.280 kilos de hachís, valorados en 1,7 millones de euros.

En los alrededores de la playa fueron arrestados con las ropas mojadas y llenas de arena otros acusados, mientras que otros fueron detenidos posteriormente. El responsable de la organización ya había sido detenido con anterioridad, en enero de 2002, fecha en la que se intervinieron en unos garajes de su propiedad 3.725 kilos de esa misma sustancia, según el fiscal, quien apunta que los investigadores supieron que estos locales se seguían usando.

Así, en junio de 2003, cuando se controlaban dichos garajes, situados en la localidad malagueña de Mijas, los miembros del instituto armado observaron cómo en el interior de uno de ellos se encontraba otra furgoneta, que también figuraba como robada, y cómo llegaron otros dos procesados que intentaban pasar los fardos, que contenían 743 kilos de hachís, a otro vehículo alquilado en el que habían venido.

Para el fiscal, los hechos descritos constituyen dos delitos contra la salud pública, de los que acusa al presunto jefe de la organización, para el que pide la pena de 11 años y tres meses de prisión y 12 millones de euros de multa; mientras que a siete de los acusados sólo les imputa un delito y al resto, otro.