Dicen los expertos que si realmente hubiera una tasa de paro del 30% en Málaga habría una revolución. Se afirma que la gente sobrevive gracias a la economía sumergida pero es casi imposible conocer cuál es la profundidad de ese pozo sin fondo. El principal baluarte contra el fraude es el servicio de Inspección del Ministerio de Trabajo y sus datos oficiales arrojan, dentro de sus limitados medios, algo de luz sobre la situación real. Entre enero y mayo del presente año la Inspección ha realizado 3.388 visitas para detectar posibles casos de economía irregular y, en ellas, se ha cazado a 135 personas que estaban trabajando y, además, cobrando el paro, un 3,9%. Es algo más del doble que en el mismo periodo del año pasado y cerca del triple que en 2008, si bien es cierto que en los dos ejercicios anteriores se realizaron menos visitas.

La Inspección también ha descubierto en el presente año a 655 trabajadores que no estaban dados de alta en la Seguridad Social, casi un 20%, frente a los 510 de enero a mayo de 2009 y los 308 del mismo periodo de 2008, certificando así que la crisis económica está provocando un mayor fraude laboral tanto por parte de empresarios como de los propios trabajadores que, en este apartado, ha supuesto medio millón de euros.

¿Qué ocurre con esos empresarios o empleados que han sido pillados por la Inspección? Mercedes Muñoz, jefa del Servicio de Inspección de Trabajo en Málaga, señala que se impone directamente una sanción administrativa, a no ser que el importe del fraude sea muy elevado y vaya por la vía penal. Las multas son cuantiosas. En el caso de los empresarios se considera muy grave contratar a una persona, no darla de alta y permitir que ésta siga cobrando el paro por lo que se le sanciona con multas que oscilan entre los 6.251 y los 187.515 euros por cada trabajador. El falso parado tampoco sale indemne. Perdería la pensión de jubilación durante un periodo de seis meses o se extinguiría la prestación de subsidio por desempleo, así como queda excluido en el derecho de recibir otro tipo de prestaciones de fomento del empleo durante un año o participar en acciones formativas.

Si el trabajador no está dado de alta se considera que la infracción es grave y la sanción para el empresario está entre los 626 y los 6.250 euros por cada empleado. La factura, en caso de que el patrón tuviera varias personas sin cotizar, resultaría alta aunque Muñoz precisa que "se suele tener en cuenta la situación de la empresa, su cifra de negocio, etcétera. Se tienen varios aspectos en consideración pero, incluso aunque se pusiera la sanción mínima, es un dinero". En la Inspección también han apreciado otros elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, no sólo vale con tener a los trabajadores dados de alta sino que, además, es necesario que tengan el contrato que se adecúe a su función y horario laboral. En este sentido, los inspectores han revisado en los cinco primeros meses de este año 4.082 contratos y se ha obligado a los empresarios a convertir 955 contratos temporales en indefinidos.

Otro aspecto que llama la atención es el relativo a la contratación de extranjeros. En los años del auge económico era difícil encontrar españoles que quisieran trabajar, por ejemplo, en el campo y se tiraba de foráneos, contratados regularmente o no. En 2009 la Inspección detectó a 130 extranjeros trabajando sin regularizar en la provincia y, en lo que va de año, se ha descubierto a sólo 82.