Meses después de que la Covid llegase para quedarse, trastocando completo el escenario sanitario y social, y de que los ayuntamientos empezasen a levantar la voz de alarma reclamando al Gobierno el uso de sus ahorros para combatir el efecto de la pandemia, el tema del remanente no solo no esta resuelto sino que se ha convertido en conflicto político de primer orden. Una disputa en la que, como en tantos otros asuntos, el color político determina la posición ante el problema.

Y como en los días previos, la contienda se jugó con declaraciones y contra declaraciones. Entre ellas las del subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz, quien en lo que pareció un intento por atraer hacia las tesis gubernamentales al Ayuntamiento de Málaga, recordó que si se adhiere voluntariamente al plan podrá invertir 31,7 millones de su remanente de tesorería.

Una suma a la que, apostilló, se sumaría una partida de algo más de 10 millones de euros destinadas a cubrir el déficit que arrastra la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) debido a la evidente caída de viajeros en los meses de pandemia. Y en su papel de representante de la Administración central, Ruiz puso en valor el “apoyo constante” mostrado por el Gobierno a los ayuntamientos”, apuntando como prueba de ello las entregas a cuenta por parte del Ministerio de Hacienda pese a la crisis sanitaria, el parón de la actividad y la caída de ingresos. “El Gobierno protege los recursos de los ayuntamientos e impide que la caída de la recaudación se traduzca en una reducción de las entregas a cuenta, que este año han ascendido a 18.879 millones”, enfatizó.

Málaga ve un acuerdo “insuficiente” y pide que sea objeto de diálogo con las corporaciones

¿Qué posición tiene el Ayuntamiento de Málaga? De partida, los responsables municipales no avalan cien por cien la iniciativa, pero, a diferencia de lo que parece ser una línea fija marcada por la dirección nacional del PP, tampoco cierran la puerta a la misma.

Y como muestra, lo explicado por el concejal de Economía del Ayuntamiento, Carlos Conde, quien tacho de “insuficiente” y “mal acuerdo” el alcanzado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el Gobierno para el uso del superávit de los ayuntamientos. Tras este mensaje negativo, apuntó la posibilidad de que el mismo “fructifique” siempre que se permita la negociación “y se entre en el diálogo cercano con las administraciones locales”.

Para evitar interpretaciones, Conde aseguró compartir el posicionamiento de los alcaldes del PP en relación con este acuerdo. “Lo compartimos al 100%, no se puede aceptar de ninguna manera algo que viene impuesto de forma unilateral por parte del Gobierno”.

Más contundente fue el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, quien informó del inicio de conversaciones con otras formaciones políticas contra el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP. “Esto va de defender los ahorros de los vecinos, no de colores políticos”, sostuvo, insistiendo en que ese dinero “tiene que estar en los ayuntamientos y no ir a parar a manos del Gobierno del despilfarro”. Montesinos llegó incluso a emplazar a los dirigentes del PSOE para “que digan en público lo que dicen en privado, que no quieren este plan del Gobierno sino gestionar sus propios ahorros”.

Y si los populares eran críticos con el plan del Ejecutivo, el PSOE se mostraba compresivo con el mismo. De hecho, lejos de cuestionarlo, reclamó a los populares que den explicaciones de por qué “prefiere que el remanente de los ayuntamientos siga en los bancos y no en el bienestar de la gente”. Así se expresó el diputado nacional socialista Ignacio López, quien se preguntó: “¿Cómo es posible que el PP prefiera desgastar al Gobierno en vez de mejorar la vida de la gente?”.