La proliferación de viviendas turísticas ilegales y la falta de una normativa estatal que regule este fenómeno es uno de los mayores dolores de cabeza del sector hotelero y ayer fue protagonista en la primera jornada del Congreso de Hoteleros Españoles que se celebra hasta hoy en Málaga. El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Juan Molas, subrayó que "estamos ante un tsunami de oferta ilegal de viviendas que se ha instalado sin que las administraciones adopten medidas correctoras en general y las que sí han hecho algo tienen leyes laxas que no invitan al optimismo ni tienen un claro afán de persecución". Molas exigió ayer "la intervención decidida del Gobierno central" ya que, señaló, "debe acometerse de forma urgente una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y medidas fiscales, con una legislación que vaya más allá de las 17 respuestas autonómicas o las normativas municipales".

El presidente de la patronal hotelera española detalló que "en 2017 España batió todos los récords con 82 millones de turistas, un 38% más que en 2007, pero la planta hotelera en esa década solo ha aumentado un 2%, por lo que todos esos turistas se han alojado en otros lugares". Molas puso como ejemplo la ciudad de Málaga, "en la que solo una plataforma ofrece más de 4.000 viviendas con casi el doble de las plazas hoteleras". José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur -uno de los mayores lobbys turísticos del país- fue también bastante tajante y denunció la "impunidad y descontrol legal y fiscal" existente con este tipo de viviendas. "Los empresarios llevamos dos años pidiendo a gritos al Ministerio que haya una coordinación entre las Administraciones sin ningún éxito y el tema se ha convertido en uno de los principales cánceres del sector", destacó Zoreda, quien acusó a las instituciones de "pasarse la pelota una a otra y este problema se nos va a ir de las manos si no se ataca pronto". El vicepresidente de Exceltur afirmó que "hay que regular con valentía y hasta ahora no ha habido valentía política ni visión de estado", a la vez que recordó que, además de legislar, hay que tener la capacidad de hacer cumplir la regulación. Zoreda reconoció que se está llegando en ciertos puntos de España a un "proceso de turismofobia" y que "en nueve años se ha pasado de tener cero viviendas de uso turístico en España a 474.000, superando la planta hotelera que se ha creado en España en toda la historia". El directivo de Exceltur también puso el ejemplo de Málaga que, según un estudio, es la octava capital española con mayor número de turistas por residente. La primera es Granada. "En Málaga el 75% de esa presión turística son viajeros alojados en viviendas, el mayor porcentaje de España, mientras que el 21,8% lo hacen en hoteles y el 2% son cruceristas", desgranó Zoreda, que acusó al Ayuntamiento de Málaga de "echar balones fuera" sobre esta situación.

¿Qué dicen las Administraciones al respecto? La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, reconoció que el hecho de que haya oferta no reglada es "motivo de preocupación", pero comentó que "va a haber un antes y un después" desde que el miércoles salió publicado en el BOE un decreto que obliga a las plataformas de alquiler (Airbnb, Homeaway, etcétera) a facilitar todos los datos sobre el alquiler de cada inmueble. "La regulación del alquiler vacacional es autonómica pero el Gobierno está buscando la equidad tributaria y la transparencia", dijo. Santiago Menéndez, director general de la Agencia Tributaria, indicó por su parte que este organismo está siendo "activo" en el control de las rentas generadas por el alquiler de viviendas y avisó a los posibles infractores de que "toda actividad que se hace en la Red deja huella y es más fácil de detectar". Menéndez afirmó que "en 2015 se le dijo a los propietarios de viviendas de uso turístico que tenían que declararlo y, desde entonces, el importe declarado ha subido un 40% en España y un 62% en Andalucía". El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, volvió a pedir que haya una "armonización normativa transversal y vertical" sin que eso suponga que las comunidades pierdan la competencia sobre esta materia. Fernández señaló que ya han hablado con los gobiernos de Canarias, Extremadura o Asturias para buscar soluciones y apuntó que una de ellas es que el alquiler se considere una actividad empresarial en lugar de un acuerdo entre particulares. "Así necesitarían licencia municipal y los ayuntamientos podrían actuar porque ahora solo pueden hacerlo por ruidos".