Málaga

La información ante el dolor

  • ¿Cómo compaginar el deber de informar en situaciones de dolor con el respeto de los derechos e intimidad de las víctimas?

EL Código Procesal Penal de Francia, aprobado en 1957, faculta a los fiscales a comunicar los detalles que crea pertinente de una investigación. En su artículo 11 se aconseja dar información oficial de los hechos "para evitar la propagación de informaciones parciales o inexactas". Bajo este mandato legal el fiscal jefe de Marsella, Brice Robin, dejó atónitos a todo el mundo 48 horas después de la catástrofe aérea de los Alpes con un ejercicio de transparencia inaudito en España. Ofreció una información detallada de lo ocurrido, contestó a las preguntas de los medios de comunicación e hizo un derroche de sentido común y humanidad, muy lejos de la actitud de las autoridades españolas ante cualquier desgracia de estas características. En España, recién aprobada una ley de transparencia, seguimos estando en el Pleistoceno del derecho a la información, con un sistema procesal que se asienta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. La instrucción es competencia del juez y la primera medida que suele tomar es la de ocultar información, decretando el secreto del sumario.

Lo contó el otro día Gabriela Cañas en un artículo en El País. En Francia la información pública es vital y la obligación de facilitarla está prevista en el código procesal, que tiene un apartado especialmente dedicado a velar por las víctimas. En este país, la formación de los fiscales incluye técnicas de comunicación y se entrenan para saber cómo ofrecer conferencias de prensa. En España, después de casi cuarenta años de democracia, la transparencia en los procesos judiciales aún anda muy lejos de lo que sería deseable y un juez tiene la potestad de decretar el secreto de un sumario, ocultando no solo la investigación -lo que sería entendible en determinados asuntos- sino incluso los hechos, algo que siempre debería ser público. Un secreto de sumario, si acaso, debe afectar a las investigaciones, pero nunca a los propios hechos, cuando además esos hechos han trascendido ya.

El periodista Francisco Gor planteaba hace unos años que una gran parte del caudal informativo que inunda los medios de comunicación se nutre siempre de catástrofes, guerras y accidentes de diversos tipos, por lo que resulta esencial la actitud que deben mantener los periodistas ante el dolor. Y se hacía está pregunta: ¿Cómo compaginar el deber de informar en situaciones de dolor con el respeto de los derechos de las personas que las protagonizan en situaciones tan extremas para ellas? Difícil cuestión, ya que no se trata de ocultar una realidad, sino de informar de manera que sea compatible con el máximo respecto a las víctimas. En el caso de la tragedia de Los Alpes, los familiares de 150 personas fallecidas y los familiares del posible causante. En este último caso, unas personas que suman dos tragedias: la presunta actuación de su hijo y la propia muerte de su hijo.

Por eso, la intromisión gratuita y las especulaciones innecesarias es lo primero que hay que evitar en el periodismo. No se puede informar sobre el dolor añadiendo más dolor, sino haciendo un relato lo más preciso posible de lo ocurrido, eludiendo detalles que no aportan nada y facilitando informaciones que ayuden a entender una tragedia, sin provocar un daño mayor a las víctimas del que ya tienen que soportar por la propia naturaleza de los hechos.

Una democracia consolidada se muestra también en un trágico acontecimiento. Y Francia ha dado un ejemplo excepcional de transparencia -indicador excepcional de la madurez de una democracia- en un momento realmente complicado para la información, la dolorosa cobertura mediática de un accidente aéreo con 150 muertos. A España aún le queda un largo camino por recorrer, ya que la mayoría de sus instituciones parten, en el derecho a la información, de dos premisas equivocadas. La información es poder, y por eso deciden administrarla ellos cuando quieren. Y demasiadas instituciones son también apéndices del poder, por lo que apenas disponen de autonomía propia y dependen de instancias superiores para poder informar.

El otro día leí una carta muy triste publicada en un diario digital. Su autora se llama Curra Ripollés, la hermana del comandante Ripollés, fallecido en 2003 en el accidente del YAK-42, e iba dirigida a las familias españolas que perdieron a sus seres queridos en la tragedia de Los Alpes. Les advertía del calvario de abogados y tribunales que sufrió ella, también del que padecieron los familiares de las otras víctimas del YAK-42, de los del accidente de Barajas, de los del Metro de Valencia, del siniestro del Avia y del desastre del Madrid Arena, por citar algunos ejemplos recientes. En todas estas tragedias hay una reclamación idéntica: conocer la verdad, porque la verdad ha sido para ellos algo inalcanzable años después de que ocurrieran los hechos. Y a la verdad, aunque sea una obviedad tener que decirlo, solo se llega con una información precisa y veraz cuyo primer destinatario deben ser las víctimas.

Curra Ripollés concluía su misiva con una frase dramática: "Hemos aprendido que las víctimas de las catástrofes en España, a la pérdida de un ser querido, añadimos el dolor de quedarnos huérfanos del Estado". Y es que saber y sentirse informado es la única manera de no acumular otro dolor más al insoportable dolor de una tragedia. En Francia nos han dado un ejemplo de ello. Y de forma bien sencilla: contando lo que había ocurrido para evitar especulaciones innecesarias.

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