La capacidad de control del interventor general de la Diputación provincial de Málaga quedó más que acreditada el año pasado. Un ejercicio en el que, según los datos del propio funcionario de la institución, abrió 1.408 informes de reparo a gastos emitidos por el equipo de gobierno de la institución supramunicipal. Ello es lo mismo que algo más de 3,8 diarios. El valor global de los expedientes objeto de algún apercibimiento alcanzó los 38,7 millones de euros, lo que se traduce en una media de 27.519 euros por cada uno de los informes.

De acuerdo con el informe sobre resolución de discrepancias emitido por el interventor, fechado el pasado 23 de marzo, el campo que mayor número de reparos mereció de la gestión presupuestaria del Ejecutivo provincial fue el de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, con 627 informes, seguido del de Transferencias Corrientes, con 405, y Transferencias de Capital. Sin embargo, es el apartado de Gastos de Personal, con apenas 3 expedientes, el que mayor suma económica aglutina, con más de 13,3 millones de euros, lo que supone casi el 41% del global.

Para el portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, estos datos ponen en evidencia "que la gestión del PP no se ajuste a ley en una gran parte". "El presidente de la Diputación, también en su condición de portavoz del PP-A, exige en otros ámbitos de la política el cumplimiento estricto de la leyes, pero es el primero que en su casa se salta la ley de una manera permanente", acusó Conejo.

Por su parte, la diputada provincial de Personal, Francisca Caracuel, quitó relevancia a la existencia de estos reparos y vinculó la gran mayoría de los mismos "con las propias medidas de autocontrol que aplica de manera interna el equipo de gobierno". "Otros son por cuestiones formales, como la falta de un estampillado o de alguna fotocopia compulsada, y hay otros que corresponden a ejercicios del anterior equipo de gobierno", comentó. En este último caso, aludió a que se ha tenido levantar un reparo correspondiente a 2011, cuando el equipo de gobierno integrado por PSOE e IU, el día de reflexión de las elecciones municipales, "aprobó como 40 o 50 subvenciones, lo que mereció reparos y el informe desfavorable del interventor". Asimismo, Caracuel recordó que por ejemplo en 2010 fueron 2.500 los reparos realizados.

Entre las decisiones llevadas adelante por el equipo de gobierno del PP el pasado año que merecieron el reparo de la Intervención estuvo, por ejemplo, la decisión de impulsar para 2015 la reserva de cuatro plazas para personal directivo en la relación de puestos de trabajo. El reparo de alto funcionario se extendió, así mismo, a la creación de tres plazas de secretario/interventores.

A pesar de la posición de Intervención, los responsables del Ejecutivo presidido por Elías Bendodo defendieron el procedimiento. La duda puesta sobre la mesa por el interventor estaba relacionada con la ampliación de la plantilla que ello suponía, sin que, a su juicio, quedase del todo claro qué plazas serían amortizadas para compensar estos nuevos puestos.

El informe emitido por el interventor es la primera ocasión en la que es aportado para el conocimiento del Pleno de la institución, dando cumplimiento al artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004. El mismo marca que el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. Esta misma resolución marca que el citado informe se remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas con todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación.