Málaga

Un juzgado investiga a Fernández Montes por un posible delito de prevaricación

El mismo día en que el Tribunal Supremo ratifica la condena por cohecho al alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, se conoció que un juzgado de Torremolinos va a investigar al alcalde de la localidad, Pedro Fernández Montes, por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. Así consta en las diligencias previas iniciadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos después de que su decisión inicial de archivar la causa, alegando la prescripción de los posibles delitos, haya sido revocada por la Audiencia Provincial.

En el auto, fechado el pasado 28 de junio, al que tuvo acceso este periódico, la Sección Novena de la Audiencia Provincial pone de manifiesto la necesidad de que los hechos denunciados sean "objeto de instrucción de averiguación y de acreditación y participación, determinándose la venta o no, el valor, precio, requisitos, y tras ello, finalizada la fase previa de averiguación, el instructor resolverá con libertad de criterio valorativo lo procedente en Derecho".

Con este paso, la Audiencia avala la posición mantenida por el denunciante. Uno de los abogados de éste, Francisco de Paula de la Torre García, explicó a Málaga hoy que la raíz de la denuncia se remonta al año 2005, cuando Fernández Montes, en calidad de regidor, firmó sendos convenios urbanísticos mediante los que el Ayuntamiento vendió los aprovechamientos que le correspondían del sector Campo de Golf.

"Fue una venta de suelo que se hizo sin concurso público; ese es el núcleo central", insistió el abogado de la entidad Club Hípico El Ranchito, "que ve seriamente afectados sus intereses". De la Torre habla incluso de que tras analizar la documentación existente en este asunto "se observan numerosas irregularidades". Entre ellas, alude a la decisión de fraccionar en dos la enajenación de los aprovechamientos municipales, acuerdos que si bien se firmaron el mismo día fueron aprobados en Pleno en dos fechas diferentes.

Otro de los detalles sobre los que pone el acento el letrado en su denuncia es el relativo al precio abonado por las mercantiles adquirientes al Consistorio. "El precio por el que se vende el suelo municipal es muy inferior al que tres años después reconoce el propio Ayuntamiento al aprobar el proyecto de reparcelación", apuntó. En concreto, indicó que si en la primera venta, del Ayuntamiento a los privados, los 12.000 metros de techo edificable fueron enajenados a 600 euros el metro de techo, en el segundo procedimiento administrativo el valor se disparó a los 1.800 euros, lo que supone "tres veces más". Conforme a las explicaciones del abogado, podría haberse producido una afección de unos 13 millones de euros.

Respecto al argumento primero del juzgado torremolinense de archivar la causa, fechada el 24 de abril de 2012, la Audiencia Provincial señala en su auto que en la causa se estaría analizando una denuncia inicial por delito de prevaricación, "que por la pena de inhabilitación que establece, no se puede considerar prescrita hasta transcurridos diez años de inacción, lo que no se produce (…) y por ello la causa debe continuar".

Ante estos hechos, en los que el bufete de abogados que asesora al denunciante habla incluso en un comunicado de la imputación de Fernández Montes, desde el equipo de gobierno del PP en el Consistorio negaron tener, por el momento, constancia alguna de resolución alguna sobre este asunto. Hoy está previsto que se tome declaración al denunciante, al objeto de que se ratifique o no en su posición inicial.

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