La Asociación para la Protección y Defensa de los Animales Parque Animal de Torremolinos, cuya directora Carmen Marín fue detenida en noviembre de 2010 y está imputada por un caso de supuesto exterminio ilegal de animales, pagó presuntamente un total de 55.487 euros en varios cheques a una empresa propiedad de la familia del alcalde del municipio, Pedro Fernández Montes (PP), por obras realizadas en las instalaciones y de las que no se han localizado ni las facturas del contratista ni documento que acredite la actuación acometida. Es uno de los presuntos pagos irregulares incluidos en el informe económico realizado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y que investiga el juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos, como una pieza separada, por la presunta desviación y blanqueo de fondos ilícitos por parte de la responsable de la protectora a la que el Consistorio le adjudicó en 2001 el servicio municipal de recogida y albergue de perros y gatos, por el que recibía además subvenciones.

Los investigadores no pudieron determinar, según el documento al que tuvo acceso este periódico, por qué motivos se libraron varios cheques entre diciembre de 2005 y marzo de 2006 desde la cuenta de la protectora, constituida en 1996 como asociación sin ánimo de lucro, y que fueron cobrados en efectivo por el hermano del alcalde, José Fernández Montes, como dueño de la empresa Promociones Eurotorremolinos S.L. Según las bases de datos del Registro Mercantil consultadas por la Guardia Civil y por este periódico, la sociedad fue constituida el 12 de mayo de 2000 para la construcción de edificios, la promoción inmobiliaria y la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia y en la que figura como administrador único José Manuel Fernández Martín -sobrino del alcalde de Torremolinos- y sus padres y hermana como apoderados solidarios.

El primero de los cheques se libró, añaden las diligencias del Seprona, el 1 de diciembre de 2005 por un importe de 6.000 euros desde la cuenta de la que era titular la asociación Parque Animal por el hermano del regidor.

A este cheque le suceden otros cobrados el 21 de diciembre de ese mismo año por importe de 6.000 euros, otro el 16 de enero de 2006 por valor de 12.000 euros y otro de 6.000 euros el 10 de febrero de ese mismo año. Los últimos cheques emitidos por la cuenta de la protectora, uno de 5.400 euros y otro de 20.087 euros, respectivamente, también fueron supuestamente cobrados en efectivo por la misma persona el 9 de marzo de 2006.

A pesar de los reiterados intentos realizados por la Guardia Civil al detectar estos pago en marzo de 2011, la empresa no aportó en su momento "copia de los documentos contables que amparasen las prestaciones de servicios u operaciones comerciales que permitieran devengar tales cantidades, así como de cualesquiera otros documentos consten en sus archivos en relación a las mismas", se especifica en el informe que obra en manos del juez. Ni el padre ni el hijo han aceptado hasta el momento comparecer para declaración de forma voluntaria ante los agentes.

Este periódico contactó ayer con José Manuel Fernández Martín, sobrino del alcalde y administrador de la empresa, quien admitió que su padre, en la actualidad enfermo de Alzheimer, era quien entonces controlaba la empresa y quien cobró esos pagos por trabajos que hizo para Parque Animal. "Mi padre trabajó para ellos y se hicieron obras, un montón de obras. Se trabajó y punto. Cómo lo pagaron fue otra cosa", declaró el empresario. El sobrino del alcalde confirmó que fue cuestionado sobre esos pagos por la Guardia Civil, explicó que se construyó un muro para la Protectora y que ésta pagó sin factura, "sin IVA". Es decir, en dinero negro. Sobre la empresa de la que es administrador y en la que tiene cargos el resto de su familia, dijo que "se hizo en su día por unos motivos" y señaló que su su padre, José Fernández Montes, "es el mayor accionista y el que tenía el dinero".

En el mismo apartado del informe sobre las supuestas irregularidades económicas, el Seprona hace referencia a que, entre la documentación relativa a Parque Animal que requirió al Ayuntamiento en la investigación, encontró una carta remitida por la directora de Parque Animal al Consistorio solicitando subvención para una obra ejecutada en las instalaciones de la protectora cuyo coste ascendía a 55.507 euros. Además, Carmen Marín, según las diligencias, en esa solicitud apuntó que adjuntaba factura del contratista. Sin embargo, tras solicitar los agentes esa documentación al Ayuntamiento, la delegación municipal de Hacienda informó a la Guardia Civil el 11 de febrero de 2011 de que no estaba en posesión de dicha factura, por lo que se desconoce la identidad de la empresa que realizó la obra.

Pero pese a carecer de factura emitida por la empresa contratada, el Seprona añade en sus diligencias que desconoce "bajo qué criterio subvencionó el Ayuntamiento de Torremolinos la cantidad de 13.876,75 euros". El Ayuntamiento de Torremolinos no se pronunció al respecto "al tratarse de un asunto judicializado" y un portavoz municipal se limitó a matizar que el equipo de gobierno "entiende que no afecta al Consistorio al tratarse de un asunto entre terceros".