La causa judicial abierta tras la detección de presuntas irregularidades en dos de las obras más importantes ejecutadas en el puerto de Málaga, el atraque sur de cruceros y el muelle de contenedores, suma ya siete personas imputadas. Las dos últimas son el presidente de la constructora Sando, José Luis Sánchez, y un ejecutivo de Dragados, Daniel Paunero, que están citados a declarar el próximo 15 de octubre por el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Málaga.

Estas dos mercantiles son responsables de forma individualizada (Sando con el atraque de cruceros) o en alianza (Sando y Dragados con el muelle de contenedores) de las infraestructuras sobre las que pesa la sombra de la duda. Más aún cuando los datos del propio del Ministerio de Hacienda apuntan que pudo producirse un perjuicio para las arcas del organismo portuario de 5,3 millones en el desarrollo de estas dos actuaciones.

De esta cantidad, 1,6 millones se corresponden con el abono de unos trabajos, supuestamente, no realizados conforme a lo contratado en el atraque sur; los 3,7 millones restantes se corresponden con el "sobreabono" realizado en la obra denominada Proyecto Modificado número 1 de Nueva Solución Sur, obras de abrigo y primera fase del Muelle 9.

Los trabajadores del puerto fueron los encargados de dar a conocer ayer las principales novedades en el procedimiento judicial, en el que se han personado. A los responsables directos de Sando y Dragados hay que sumar en el listado de imputados al que fuera ingeniero jefe del puerto, quien fue despedido por las presuntas irregularidades; un ayudante de éste; otros dos representantes de Sando, y uno de Dragados.

"Ha habido un saqueo continuado de las arcas del puerto, se lo han llevado calentito", llegó a afirmar Juan Antonio Triviño, representante de UGT en el recinto. Por su parte, José Cosín, abogado de los trabajadores, aludió a la posible existencia de un daños patrimonial al organismo, de un posible delito de malversación y otro medioambiental. El juez pide una fianza de 20.000 euros a los tres trabajadores personados en la causa.

Las dos obras objeto de investigación fueron certificadas por 48 millones, si bien su adjudicación se produjo por unos 36 millones.