Los juzgados de lo penal de Málaga están en una situación "alarmante y de colapso". Ésta es la inquietante afirmación emitida por los diez jueces penales de la provincia, tras una reunión celebrada ayer en la Ciudad de la Justicia con la asistencia del juez decano, Manuel Caballero Bonald. El objetivo de la junta sectorial no era otro que el de calibrar medidas urgentes ante la acumulación de sentencias pendientes de ejecución que arrastran estos tribunales. En Málaga, cada uno de ellos suma más de 1.000. Se trata de delincuentes penados, pero que no reciben castigo alguno o no pasan por la cárcel porque nadie se lo requiere después de leerle la condena.

Los titulares de los juzgados acordaron solicitar a la Administración la creación de, al menos, cinco nuevos juzgados de lo penal, según establece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en función del número de asuntos "razonables" que debe soportar un juzgado. El pasado año 2007, las sedes judiciales de lo penal recibieron 11.245 asuntos, lo que supone una media de 1.124 asuntos turnados por cada uno. En sólo un año, el número de casos tratados por los juzgados penales de Málaga se incrementó un 46%.

Los jueces también piden que se incorporen dos funcionarios más a cada tribunal, pasando así de ocho a diez.

Además, los titulares de los juzgados se quejan de que la Junta de Andalucía tarda varios meses en cubrir la baja de un funcionario y que, cuando lo hace, no exige una mínima preparación. "Se nombran interinos de la bolsa de desempleo sin experiencia o titulación relacionada con la Justicia, cuando hay licenciados en Derecho en tales listas, pero no son llamados", dicen.

El sistema informático es otro de los grandes lastres para un buen funcionamiento judicial, según exponen los jueces que ayer pidieron "herramientas y aplicaciones informáticas que permitan cruzar los datos de los distintos juzgados".

No es la primera vez que los juzgados de lo penal malagueños denuncian la saturación a la que se enfrentan a diario (un junta de jueces de 2006 denuncia advertía del elevado número de ejecutorias pendientes y pedía dos nuevos juzgados), pero sí es cierto que ahora soportan una mayor presión social. El caso del presunto asesino de la niña de Huelva de cinco años, un pederasta condenado a dos años y medio de prisión por abusar de su hija, pero al que sin embargo nadie reclamó que fuera a la cárcel, ha puesto la lupa sobre las carencias que afectan al sistema judicial. En el juzgado atribuyeron la falta a la carga de trabajo.

Días después, el juez decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald, advertía en este periódico: "Lo que ha pasado en Sevilla con Santiago del Valle puede pasar aquí en cualquier momento; no hay forma de controlarlo". Y, por eso, piden un plan de choque urgente.