El juez decano de los magistrados de Málaga, Manuel Caballero-Bonald, no sólo defiende que el derecho a la huelga asiste a la judicatura sino que, además, está convencido de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tampoco ha rechazado que jueces y magistrados adopten este tipo de medidas.

Caballero-Bonald se mostró ayer sorprendido por la "mala interpretación" que se dio a la resolución adoptada el lunes por la tarde por el CGPJ en la que se precisa que el ejercicio del derecho de huelga "carece en el momento actual de soporte normativo". En este sentido, el juez decano indica que el consejo "no prohíbe la huelga", lo único que dice es que "no existe una regulación legal específica" y, por tanto, no puede determinar los servicios mínimos.

En estas circunstancias, la negativa del consejo a establecer servicios mínimos puede dar lugar a un recurso ante el Tribunal Supremo, que podría establecerlos con carácter cautelar. De no formularse recurso, opción que Caballero-Bonald entiende acertada porque "no se dice que no exista el derecho a la huelga", la tutela judicial efectiva podría garantizarse mediante unos servicios esenciales establecidos por los propios convocantes, las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.

En cualquier caso, el juez decano entiende que durante la jornada de paro prevista para el 18 de febrero deberán trabajar al menos 13 de los 73 magistrados del partido judicial de Málaga, de modo que no se vea alterado el ritmo en los tres juzgados de guardia, se puedan celebrar los juicios rápidos por delitos y no se perturben las causas con presos. Además se deben garantizar determinados trámites en los juzgados de Menores, Violencia de Género y en el Registro Civil.

Caballero-Bonald acudió a la jusrisprudencia para subrayar que "la falta de regulación no impide el ejercicio de derechos fundamentales", del mismo modo que tampoco es óbice el poder ir a una jornada de paro porque no se hayan fijado servicios mínimos.

La huelga del próximo miércoles ha sido convocada por las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, mientras que las otras dos organizaciones, Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia, la han rechazado bajo el argumento de que todavía están abiertas las negociaciones con el Ministerio.

No obstante, no son aislados los magistrados de asociaciones convocantes de movilizaciones que no secundarán el paro del día 18 de febrero, así como la de aquellos que perteneciendo a las organizaciones contrarias a esta huelga se sumarán a ella. Además, las cuatro asociaciones han firmado otra convocatoria de huelga y por los mismos motivos para el próximo 26 de junio.