El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrox ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, y otras ocho personas por el caso del vertedero supuestamente ilegal en dicho municipio. Además, al regidor se le requiere que asegure la cuantía de 10,7 millones de euros, como fianza de responsabilidad.

Así, según consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se acuerda llevar a juicio a Armijo, acusado por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al igual que a una concejala, a la que le requiere la misma cuantía de 10,7 millones de euros, y a siete empresarios. Además, también están en la causa seis empresas.

Además, se declara órgano competente para la vista oral un juzgado de lo Penal de Málaga y se requiere, igualmente, al Ayuntamiento de Nerja para que asegure la misma cuantía. Asimismo, acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de la causa respecto de cuatro investigados, entre ellos la exalcaldesa Rosa Arrabal.

En esta causa se ha investigado la existencia desde hacía unos 15 años de un vertedero, ubicado junto al río de la Miel, dentro del Parque Natural Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama, en el que supuestamente se vertía "de manera incontrolada residuos de la construcción, peligrosos y podas", lo que provocaría importantes riesgos.

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La Fiscalía de Málaga acusa en esta causa al alcalde para el que pide, como para el resto de acusados, dos años de prisión y 18 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio y el pago de una multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, lo que hace 7.200 euros. Como responsabilidad civil, señala que los procesados, junto al Ayuntamiento como responsable subsidiario, abonen en caso de sentencia condenatoria los gastos de la restauración de la zona.

Según el fiscal, a principios del año 2000 "a iniciativa" de Armijo, "sin la tramitación de expediente administrativo, licencia ni autorización administrativa o medioambiental alguna", el Ayuntamiento concierta de forma verbal la gestión del desarrollo de la actividad de vertido de escombros y deshechos en una antigua cantera con determinadas empresas relacionadas con la construcción, que terminaron asociándose para dicha explotación.

Además, se comunicó la intención de realizar un vertedero a la Junta de Andalucía, que contestó diciendo que hacía falta un estudio de impacto ambiental; pero, "haciendo caso omiso a esa comunicación, la actividad continúa a la vista y paciencia de todos" bajo la gestión de las empresas "autorizadas por el Ayuntamiento", señala inicialmente el ministerio público, apuntando que era "un hecho público y notorio" la existencia de vertidos en esa zona protegida.

"El propio Ayuntamiento depositaba en el lugar los restos de obras y de podas vegetales", señala el escrito provisional de acusación, indicando que de 2000 a 2010 se suceden los expedientes sancionadores y denuncias sobre la situación de la zona, realizándose en 2013 una inspección por agentes de Medio Ambiente en la que se detectaron residuos como electrodomésticos, neumáticos, restos de construcción y otros agrícolas.

Tras esta inspección la Consejería de Medio Ambiente emitió un informe en el que se determina que las características del vertedero "ponen de manifiesto que existe un perjuicio al medio ambiente" por varios motivos, entre ellos que "no existe una correcta gestión de los lixiviados, lo que podría ocasionar una contaminación de un acuífero"; ni tampoco control de los gases, lo que podría causar incendios, "sin que existieran medidas de extinción".

En 2016 se realiza otra inspección en la que, además de lo anterior, se apunta que "el 90 por ciento de la actividad está dentro del espacio natural protegido", que el suelo "no se encuentra impermeabilizado" frente a fugas de residuos; y que hay envases de residuos peligrosos, algunos aparatos electrónicos sin descontaminar e, incluso, "restos de motos de agua". "El vertido se realiza de manera indiscriminada y sin ningún tipo de criterio", se indicaba.

En otros documentos posteriores se incide en los riesgos para la seguridad de las personas por la inestabilidad del terreno, el posible inicio de un foco de llama "que se propagaría rápidamente" y, además, el incumplimiento de la legislación y las normativas en distintos apartados, según se precisa en el escrito provisional de la Fiscalía malagueña, concluyéndose que existía "un elevado riesgo de alteración del equilibrio de los sistemas naturales".

Para el fiscal, la edil Nieves Atencia, también acusada, conocía y aceptaba como propias las decisiones del regidor respecto al vertedero, cuyo cierre se anunció en 2016; mientras que estima que no queda acreditado que la que fuera alcaldesa desde 2015, Rosa Arrabal, y el edil de dicha área entonces tuvieran conocimiento de la verdadera naturaleza del vertedero, su potencial "dañino" y la necesidad de clausura.