Málaga

Un juzgado deniega a la Diputación el permiso para desalojar el Museo Taurino

  • Aduce que hay un recurso de Barco en el que pide anular el acuerdo para que se le retite la concesión

La Justicia frena en seco la intención de la Diputación provincial de Málaga de entrar en el Museo Taurino para proceder a su desalojo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 dictó el pasado 6 de noviembre un auto en el que deniega la autorización solicitada por la institución para entrar en el inmueble de la Plaza del Siglo, que acoge la colección de Juan Barco. Según el escrito, el pronunciamiento emitido toma como punto de partida la existencia de otro recurso judicial, formulado por la mercantil Colección Juan Barco S.L.U. ante el Juzgado de lo Contencioso número 2, en el que el empresario pide que se suspenda el acuerdo de la Diputación para anular la concesión sobre el edificio. Y no será hasta que este juzgado se pronuncie sobre la demanda de Barco cuando pueda prosperar el desalojo del museo.

"La ejecución de la resolución que se pretende con el otorgamiento de la autorización solicitada comportaría el desalojo del edificio y aparejaría la pérdida de la finalidad del recurso entablado respecto al acuerdo plenario", señala el auto, generando una "vulneración" del artículo 24 de la Constitución, "al implicar la desaparición o la pérdida de irremediable de los intereses cuya protección cautelar se pretende con la citada solicitud suspensiva".

La institución fue a la vía judicial después de que el empresario se negase a salir voluntariamente

En su intento de que el promotor de la colección abandone el inmueble, la Diputación se vio forzado a reclamar en la vía judicial el permiso para entrar en su interior y proceder al desalojo. Con este paso se daba validez a la propuesta del Servicio Jurídico para hacer cumplir los acuerdos del Pleno y del propio Ejecutivo relativos a la anulación de la concesión que en su día le fue otorgada al empresario taurino.

Ese paso se dio ante la negativa de Barco a abandonar de manera voluntaria el inmueble. El pasado 16 de diciembre puso en marcha la maquinaria administrativa para retirarle al coleccionista el derecho de utilización del edificio arguyendo la existencia de una deuda superior a los 153.000 euros, correspondientes al canon anual de 2015 y 2016, así como a los gastos del suministro eléctrico, el agua y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la sede. "Respetar la decisión; desgraciadamente para nuestros intereses se demora el asunto más de lo que quisiéramos", expuso ayer el diputado de Cultura, Víctor González, quien insistió en que el organismo "no se mueve una coma" de su objetivo de recuperar su edificio.

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