Tres menores de edad víctimas de supuestos abusos sexuales y sus padres han abandonado su domicilio en Mijas tras conocer la puesta en libertad del presunto agresor -un sexagenario que vive en una vivienda anexa- y se han trasladado a la casa de un familiar en la capital para evitar encontrarse con él. El viernes el acusado quedó libre sin fianza al no acudir el fiscal a los juzgados de Fuengirola, donde había pasado a disposición judicial.

El juez dictó entonces su libertad y le impuso una orden de alejamiento de las niñas, una medida extraña si se tiene en cuenta que su domicilio está situado junto al de ellas. El individuo es conocido en la zona por sus cuadras de caballos.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) comenzó ayer a investigar las razones de la puesta en libertad del acusado de abusar durante un año de las tres hermanas -todas menores de edad y la mayor de 13 años- después de que el fiscal no acudiese a la vista que se celebró el viernes en los juzgados de Fuengirola tras su arresto en Mijas. Fuentes de la Fiscalía de Málaga justificaron lo sucedido manifestando que el representante del Ministerio Público "no fue citado porque la familia no pidió su comparecencia y sólo solicitó la orden de alejamiento", algo que otras fuentes judiciales tildaron de argumento banal, "pues si a cualquiera le pegan un tiro y se detiene al autor, el que debe solicitar el ingreso en prisión es el fiscal".

Fuentes de la Fiscalía malagueña manifestaron que su representante no acudió a los juzgados porque "no fue convocado" e insistieron que "la familia sólo pidió la orden de alejamiento". Con estos argumentos quisieron dejar claro que no hubo ninguna dejación de funciones por su parte.

No obstante, desde de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía manifestaron a este periódico que se están recopilando datos para tratar de aclarar lo sucedido y señalaron que, de haberse producido alguna negligencia, "estaríamos ante un caso grave".

Letrados consultados por este periódico discreparon de la versión de la Fiscalía malagueña manifestando que "debe ser el fiscal el que ejerza la acusación en base al atestado policial y que la familia de las víctimas no es competente para solicitar ninguna medida. Es él el que tiene que pedirlas".

Fuentes del entorno de la familia de las menores mostraron su enfado por la justificación ofrecida y se preguntaron si tenía que morir otra niña para que se actúe correctamente en estos casos.

En el trasfondo de esta situación podría encontrarse la sobrecarga de trabajo que sufren los fiscales que desempeñan su función en la Costa del Sol, ya que, por ejemplo, el destacamento de Marbella se debe encargar de todas las causas que surgen en este partido judicial y en los de Fuengirola y Estepona. Las citadas fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía reconocieron la carencia de medios de los fiscales.

Como adelantó Málaga Hoy en su edición de ayer la actuación del Equipo Mujer Menor (Emume) de la Guardia Civil se produjo a mediados de semana cuando se tuvo conocimiento de que en Mijas había ocurrido un supuesto caso de pederastia a raíz de la denuncia que puso el padre de las víctimas. Éste declaró que un individuo de la zona de La Vega, R.B.R., de 67 años, del municipio -que tenía cuadras de caballos- había abusado sexualmente de sus tres hijas.

Las fuentes de la Fiscalía malagueña precisaron que los hechos pudieron ocurrir hace un año y que fueron tocamientos. No obstante, fuentes solventes aclararon que los abusos eran más graves y que las víctimas padecen secuelas. También dijeron que las pruebas contra el acusado son contundentes.

Fuentes de la Fiscalía aclararon que cuando el juez tome declaración a las niñas se determinará si su testimonio está cimentado y la autoridad judicial tomará la decisión correspondiente.