Tamara Vida ha invertido el último año y medio en prepararse a fondo las oposiciones a funcionario de prisiones. El 2 de febrero hicieron el examen 13.000 aspirantes, de los que pasaron a la segunda prueba 2.700, que se celebró en Madrid el 23 de febrero. Pero al salir se llevaron una sorpresa. El tribunal de la oposición les comunicó que iban a repetir la prueba diez días más tarde para un grupo de 30 canarios que no pudieron volar a causa de la calima.

Las bases de la convocatoria establecen un único llamamiento, algo inalterable salvo estado avanzado de gestión o parto. Por ello, 53 aspirantes a funcionarios de prisiones de toda España, seis de ellos malagueños, han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia por la vulneración de derechos fundamentales.

Consideran que no hubo principio de igualdad con respecto a los opositores que acudieron a la prueba semana y media después con información privilegiada sobre el corte del examen. “Con las redes sociales y las academias de preparación estos canarios supieron el corte, es decir, que sabían cuántas preguntas se podían dejar en blanco para que no les restasen puntos, lo tenían más fácil a la hora de decidir la estrategia”, comenta Tamara.

El 70% de los que hicieron el examen después consiguieron plaza como futuros funcionarios de carrera, asegura la opositora. En el grupo mayoritario pasaron la prueba un 30%. “Si me hubieran dado la posibilidad de presentarme el 4 de marzo lo hubiera dejado para ese día, no ha habido ninguna igualdad porque yo no he tenido el mismo derecho que ellos”, reitera.

Tamara tan sólo se dejó dos preguntas en blanco y se ha quedado fuera por muy poco. “Si hubiese sido del grupo de los canarios hubiera contestado 35 de las 50 preguntas y hoy estaría dentro”, agrega. También señala la malagueña que otros 55 canarios sí pudieron llegar al examen del día 23 porque anticiparon el vuelo, ya que estaba anunciada una semana antes la peor calima prevista del año.

“El tribunal dijo que se les iba a hacer el examen por causas de fuerza mayor pero otros canarios sí que pudieron llegar por lo que no entendemos este razonamiento”, apunta. “Ya tenían constancia la noche anterior de que no podían acudir al examen, podían haberlo aplazado para todos o tomar otra determinación que ocasionara menos perjuicio”, agrega Tamara.

Los afectados que han querido luchar se dirigieron al Defensor del Pueblo y el organismo les recomendó su denuncia ante los tribunales. Interpusieron un recurso contra la vulneración de los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española.

El recurso ha sido admitido a trámite y están esperando una respuesta. La opositora apunta que el mismo día se realizaban otras oposiciones para administrativo en Madrid y los canarios que se quedaron en tierra no pudieron participar en el proceso “porque sus bases no lo contemplan, al igual que tampoco las nuestras”.