La reacción del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ante el acoso de alcaldes y diputados provinciales del PP a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, pone en evidencia al Partido Popular y a sus dirigentes locales regionales. Lejos del argumentario empleado por el aparato orgánico, Fernández Díaz mostró ayer su rechazo ante cualquier "acto de intimidación", expresión que empleó al ser preguntado en Barcelona por estos incidentes.

"Todo lo que signifiquen actos de intimidación, acoso, violación del derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio han de ser rechazados", afirmó el ministro, que no perdió la ocasión para cuestionar el comportamiento del PSOE. "Algunos, cuando esto les pasaba a personas de otros partidos, no se quejaban e incluso lo alentaban", dijo, en recuerdo de lo ocurrido con el escrache sufrido por dirigentes del PP.

"Estas conductas deben ser rechazadas, con independencia del color político", apostilló el titular de Interior, que consideró que si un acto es ilegal lo es para todos. Asimismo, mostró su respeto institucional a la Presidencia de la Junta de Andalucía. La previsión es que el ministro dé explicaciones ante el Congreso y el Senado después de que el PSOE haya tramitado una batería de iniciativas parlamentarias para que ello ocurra.

Sus palabras contrastan con el discurso que ayer mismo verbalizaron, entre otros, el presidente provincial del PP y de la Diputación, Elías Bendodo. Lejos de dar marcha atrás, respaldó la actuación de sus cargos y rechazó la existencia de "acoso o escrache", así como de violencia. "Y si se ha producido es por el exceso de celo en la seguridad de la presidenta, por su negativa a escuchar a unos representantes públicos elegidos por el pueblo", manifestó.

Preguntado por si conocía los planes de sus alcaldes, dijo que sabía de sus intenciones de manifestarse a las puertas del hotel donde se alojaba la presidenta andaluza, actuación que tenía por objeto entregarle un documento para reclamar el pago de la deuda que la Administración regional mantiene con los municipios. Sin embargo, rechazó que se produjesen golpes e insultos contra Díaz.

Todos los dirigentes del PP, a excepción del ministro, copiaron el argumento para defender la actuación de sus alcaldes y diputados. Una secuencia repetida, aunque en sentido contrario, por los cargos institucionales y orgánicos del PSOE. En este sentido, el portavoz popular en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, acusó a los socialistas de "hacer una película" y pidió explicaciones por la actitud "muy violenta" de los escoltas de la presidenta de la Junta.

"Todo habría quedado en nada", dijo, si Susana Díaz hubiese atendido a los regidores del PP. Una alusión que coincidió con la empleada ayer por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El regidor restó importancia, incluso, a que dos diputados del PP entrasen en el hotel en el que se encontraba alojada la presidenta para solicitar el número de su habitación. "No hubiera habido noticia si hubiera cogido la carta", insistió ayer.

Sí consideró "opinable", no obstante, el que a las puertas del establecimiento acudiese un grupo "numeroso" de regidores y concejales. "No sé lo que pasó en las puertas del hotel, que en vez de ir diez sólo los dos, eso es opinable, es posible, pero si la reacción de la Junta hubiera sido atenderles dos minutos y entregarle el papel a ella o a su entorno no hubiera habido noticia", apostilló.

De otro lado, el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, advirtió de que "los fines no pueden justificar los medios" y se preguntó por el "ejemplo" que se da con acciones como las del pasado sábado. "Lo que hacen es más alejarlos de la política que acercarlos", añadió. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, afirmó que este tipo de acciones son "condenables las haga quien las haga en democracia".