Málaga

La mujer de Archidona huida con sus dos hijas denunció malos tratos

  • El Juzgado que ordenó en agosto su busca y captura sigue instruyendo la denuncia por violencia de género

  • Su ex pareja, de origen griego, la denunció por no entregarle las niñas

Manifestación a favor de Juana Rivas.

Manifestación a favor de Juana Rivas. / m. h.

Carmen Palomino, la vecina de Archidona que permanece en paradero desconocido junto a sus dos hijas desde finales de julio, presentó una denuncia por malos tratos ante la misma jueza que dos semanas después ordenó su busca y captura por no entregar las menores a su padre. Según confirmaron ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la denuncia de Carmen contra el que fuera su marido por un presunto delito de violencia de género se presentó el 30 de mayo pasado en el Juzgado de Instrucción de Archidona. No constan otros precedentes de violencia ni en los servicios municipales de Información a la Mujer de Archidona ni en el Instituto Andaluz de la Mujer.

El día en que Carmen presentó la denuncia y a petición de la Fiscalía, la jueza le tomó declaración junto a su ex marido, un ciudadano de origen griego, así como a varios testigos, y acordó una orden de protección para la mujer. La denuncia aún se sigue instruyendo y una de las últimas pruebas periciales se realizó el 10 de julio, con un informe psicológico sobre Carmen, solicitado a la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género, para analizar la veracidad de su declaración judicial.

El 31 de julio, la jueza vuelve a tomar declaración a otro testigo de las relaciones de la pareja. Tres días antes, Carmen debía haberse presentado con sus hijas en el lugar acordado para entregárselas a su padre, según establecen en estos caos los acuerdos de divorcio, pero no acudió a la cita. Es entonces cuando el progenitor decide presentar una denuncia en los juzgados del municipio por sustracción de menores. La resolución del Juzgado de Archidona llega el 14 de agosto pasado, cuando se ordena la búsqueda y detención de la mujer, por un presunto delito de sustracción de menores. El mismo Juzgado dictó una requisitoria a la Policía Judicial que implica la búsqueda activa de la mujer por parte de los cuerpos de seguridad. Por el momento, el Juzgado sigue sin conocer su paradero.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, confirmó ayer este extremo al asegurar que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil buscan a la vecina de Archidona "cumpliendo los mandatos judiciales" y añadió que a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado les corresponde "buscar y localizar a esta persona y sus hijas", una labor que "se extiende a cualquier demarcación".

Sobre el pasado de Carmen Palomino se conocen pocas cosas. Según confirman en el municipio, donde vive gran parte de su familia, Carmen, de 41 años de edad, se casó y vivió un tiempo en Archidona, cerca de sus padres y hermanos. En el pueblo nació su primer hija, que hoy tiene 7 años, y una segunda niña, que ha cumplido los 5. Tras la separación, la mujer siguió una temporada en el pueblo, aunque en las últimas semanas se le había perdido la pista.

Según confirmaron distintas fuentes a Málaga Hoy, el ex marido de Carmen pasaba largas temporadas fuera del pueblo por trabajo, incluso cuando mantenían la relación de pareja, por lo que la ausencia de la mujer y las niñas no resultó extraño.

Sus familiares no quisieron ayer hacer declaraciones al asegurar que estaban muy preocupados por el revuelo levantado tras salir a la luz la denuncia contra ella por no haber entregado a sus hijas, como ayer adelanto este periódioco. Tampoco el Ayuntamiento de Archidona quiso pronunciarse sobre la situación de esta familia. Lo que confirmaron algunas fuentes es que el hombre, que en mayo tuvo que declarar por la denuncia de su ex mujer y a finales de julio se presentó en el punto de encuentro a recoger a sus hijas, ya no se encuentra en el municipio.

El delito de sustracción de menores viene regulado en el artículo 225 bis del Código Penal, y en el mismo se establecen penas de cárcel de entre dos a cuatro años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años cuando el progenitor sustraiga al niño "sin causa justificada".

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