Un total de cuarenta municipios de los 103 de la provincia cuentan con un nivel alto de transparencia, según los requisitos fijados en un informe elaborado por la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde) de la Diputación de Málaga. De esta forma, menos de la mitad de las localidades alcanzaría un nivel pleno de transparencia municipal.

El vicepresidente de la institución provincial, Francisco Oblaré, señaló ayer en la presentación del informe que la creación del Observatorio de Transparencia hace más de medio año tenía como objetivo hacer "tomar conciencia de la necesidad imperiosa de las administraciones de informar sobre sus procedimientos de manera fácil y clara". Oblaré subrayó igualmente que la transparencia "no es una competición, aunque muchos se lo tomen así, sino una actitud, hacer conciencia y cultura en cada administración".

Asimismo, el mandatario popular recordó las iniciativas de la Diputación durante este mandato para dotar de infraestructuras "para hacer transparentes a los ayuntamientos a través de las nuevas tecnologías", como la red Ágora para poner sus datos a disposición de los ciudadanos o la plataforma de tramitación electrónica.

La institución provincial trabaja fundamentalmente en esta materia con los consistorios menores de 20.000 habitantes, "porque tienen menos recursos y menos personal", y ofreció a los municipios un módulo de transparencia que fue utilizado por 17 consistorios "que son los que mejores resultados han sacado en este balance de transparencia", según Oblaré.

El vicepresidente de la Diputación consideró "muy ilusionantes" los resultados de esta segunda oleada del informe en relación a los registrados en el primero, presentado en junio, cuando sólo ocho municipios presentaban un nivel alto de transparencia según los requisitos exigidos.

Estas exigencias se articulan en torno a los tres ejes de la Ley de Transparencia, el primero referido a la organización municipal, con datos como el equipo de gobierno, los concejales, los currículos o los ingresos. El segundo eje es el económico e incluye los presupuestos, su nivel de ejecución, la adjudicación de contratos y los contratos menores, y el tercer eje es el jurídico, con la publicación de las actas de los plenos y las juntas de gobierno, además de las ordenanzas.

"Si hay una pócima efectiva contra la corrupción, ésa es la transparencia, porque cuanta más transparencia, menos espacio le dejaremos a los corruptos", subrayó Oblaré. Después de estos resultados, los ayuntamientos que no cumplen los requisitos tendrán un plazo hasta diciembre de 2015 para adaptarse a la ley y actualizar su información.