El lento y dilatado procedimiento administrativo de la Junta de Andalucía está convirtiendo la subasta de uno de los edificios más emblemáticos de Málaga, el Palacio de Miramar, en un auténtico entramado de dudas. El número de interrogantes que pesan sobre el mismo es exponencialmente mayor que las respuestas que hasta el momento se han dado. Más de tres meses después de la fecha prevista para la venta del inmueble, que será convertido en hotel de cinco estrellas, la Administración autonómica sigue sin adoptar una resolución definitiva sobre las ofertas presentadas por cinco grupos empresariales: Rayet, Sando, Elba Hoteles, Promur y Ritz-Carlton.

A día de hoy, el futuro de esta construcción, ejecutada entre los años 1921 y 1926, y que hasta hace unos meses albergaba los juzgados de la capital, se mantiene en suspenso. Esta incertidumbre se está extendiendo, además, a los propios interesados en adquirir el palacio. Algunas de las empresas que han concurrido al concurso denuncian la nula información de la que disponen sobre el estado de la cuestión y admiten "sorpresa" ante la demora que se viene acumulando.

Los plazos estipulados por el propio Gobierno andaluz, publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el día 2 de julio de 2007, fijaban el periodo de presentación de propuestas hasta el 15 de octubre y la subasta de la construcción para el día 30 de ese mismo mes. Pero la esperada venta no se produjo y ni siquiera en ese momento se reunió la mesa de contratación encargada de analizar las ofertas.

El referido encuentro, que debe servir para concretar la venta del edificio, no se produjo antes del pasado mes de enero, según explicó hace algunas semanas el delegado de Turismo del Gobierno andaluz, José Cosme. Incluso, fuentes cercanas a la iniciativa apuntaron la posibilidad de que la decisión sobre la subasta del Miramar se dilate otro mes y medio. Este periódico intentó, sin éxito, recabar la opinión del responsable autonómico en relación a este proyecto.

En este escenario, el desasosiego de los grupos promotores es evidente. El empresario marbellí Ricardo Arranz, que integra una de las proposiciones, junto a la cadena hotelera Ritz-Carlton, se quejó de la nula información existente. "Extraoficialmente hemos oído que iba a haber dos comisiones para valorar las ofertas, una técnica y otra política, pero al parecer no se ha formado ninguna de ellas", explicó. Arranz destaca el "nerviosismo" que la tardanza está provocando entre las firmas, que para optar a la compra del edificio tienen que hacer frente a unos avales económicos de al menos 6 millones de euros. "Lo ideal es que la decisión se tome cuando antes para que no se siga perjudicando a las empresas que no serán elegidas para la construcción del hotel", insistió.

En la misma línea se posicionó otro de los afectados. Miguel Sánchez, conocido hotelero de la provincia malagueña, que integra la propuesta encabezada por la promotora Sando, subrayó la sorpresa que está causando la tardanza de la Junta. "No tenemos ni idea de nada", dijo, al tiempo que señaló la opción de la que dispone la Administración autonómica para ampliar por un plazo de 45 días más la decisión final.

De todas las ofertas, la más ventajosa desde el punto de vista económica fue la del Grupo Rayet, que aspira a quedarse con el palacio por 23 millones de euros, 5 más de los fijados en el precio de salida. Tras esta firma se sitúa con 22,4 millones Alta Renta y Patrimonio, Hevisa Consultoría y Gestión Técnica Inmobiliaria, que integra, entre otras empresas, a Sando.

El concurso impulsado por la Junta tiene por objetivo la rehabilitación del Palacio de Miramar y su conversión en un hotel de cinco estrellas. El pliego de condiciones que rige el mismo obliga al futuro propietario a mantener el uso hotelero durante al menos 30 años.