Trabajadores de 11 de los 14 consorcios de formación para el empleo de Andalucía han denunciado este lunes en Málaga que la Junta "ha incumplido" la normativa legal vigente relativa a entes instrumentales que definía la hoja de ruta que debían seguir estas entidades para solucionar sus problemas.

Representantes del personal de esos consorcios afectados por impagos se han reunido en la Escuela de Hostelería La Cónsula y han explicado que en el curso 2014-2015 no se han desarrollado las clases con normalidad por la falta de financiación y no entienden porque no reciben los fondos que sí aparecen en el boletín oficial.

Los afectados aguardan aún poderse reunir con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y la nueva consejera de Educación, Adelaida de la Calle, para abordar la situación.

En nombre de los trabajadores de los once consorcios reunidos, la delegada de personal del Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz, Desirée Ortega, ha afirmado que están "agotados y desesperados" con la actual situación debido a que no se les da ninguna solución ante el inminente final de la actividad parlamentaria hasta septiembre.

Ha destacado que los consorcios escuelas para la formación en Andalucía son "exitosos" y que existe un "alto nivel de inserción laboral" de los alumnos que se forman en ellos.

Además ha resaltado que "muchos empleados han enfermado psicológicamente" debido a la difícil situación y que otros "han preferido dejar el trabajo para poder cobrar el paro al no recibir las nóminas".

La Cónsula es el único centro que continúa con su actividad formativa, pero debido al impago de las nóminas sus trabajadores ven muy difícil comenzar en septiembre el curso académico, mientras que los de La Fonda, en Benalmádena (Málaga), piden el cobro de las tres últimas nóminas y de la paga extra de verano.

A los empleados del consorcio escuela de Mármol de Fines (Almería) les deben doce nóminas, y a los de Hostelería "La Laguna" de Baeza (Jaén) 16, según han detallado los afectados en el encuentro mantenido.

La ley a la que hacen referencia los afectados establecía la disolución de estos consorcios y una "cesión global de activos y pasivos" a la Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación, pero aún desconocen el camino concreto que marca y en que situación se encuentran, según la portavoz.