Hace cuatro años una niña quería entrar en el colegio de Gamarra. No tenía puntos por zona y toda su familia decidió empadronarse en el domicilio de la madre de la madrina de la afectada, a la que ni siquiera les unía vínculo familiar. Para que todo fuese creíble, domiciliaron los recibos a su cuenta y la verdadera propietaria del piso les ingresaba los importes de la luz, la comunidad y el resto de gastos. Así la pequeña entró y un año más tarde deshicieron lo hecho para volver a la normalidad. Lo que estos padres llegaron a hacer es una práctica bastante extendida. Para muchos, todo se justifica si su hijo puede entrar en el colegio que desean.

"No me gusta nada el centro que me toca, mañana mismo me empadrono en la casa de mi madre", decía una joven justo antes del periodo de escolarización. También se da el caso de quienes alquilan una segunda vivienda en el área de influencia del colegio deseado y se empadronan en ella o aquellos que falsean su domicilio laboral. Y es que, aunque la administración coteje a través del padrón municipal si el niño está inscrito en ese domicilio, es muy difícil de descubrir que la dirección que aparece es en la que realmente vive el futuro alumno.

Pero para entrar en muchos centros, principalmente los concertados pero también algunos públicos de zonas de expansión, los 10 puntos por cercanía no son suficientes. Entonces se intenta rascar algún punto más por otras vías. Y la renta es de las más usadas. "Antes se les pedía a los padres la fotocopia de la declaración y ellos tapaban con corrector los números, los ponían encima y los volvían a fotocopiar", comentan desde la Delegación provincial de Educación.

Ahora se remite directamente a la Agencia Tributaria y ellos son los que ofrecen los datos oficiales. Otra cosa es que los padres defrauden a Hacienda y, de este manera, también a Educación. "Mi vecina tiene una empresa, han declarado menos de lo que ganan y su hijo ha entrado en el colegio gracias a eso", comentó Susana, una de las madres afectadas de Marbella. Dos puntos como máximo es lo que se puede conseguir por el tema económico.

Otro tema son los hermanos en el centro o los padres trabajadores del mismo. "En este caso el colegio es el que tiene que comprobar sus propios expedientes", confirman desde la Delegación. Sin embargo, hay solicitantes de ciertos concertados que se arriesgan a reclamar puntos por otros hijos con la esperanza de que no revisen esos datos. En cuanto a la discapacidad, "no pueden aportar un certificado de cualquier médico, tienen que tener la idoneidad del Centro Provincial de Minusvalía, un órgano dependiente de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social.

En febrero aumenta la petición de divorcios y algunos de ellos se solicitan con la intención de conseguir en marzo -mes de escolarización- un certificado temporal. También hay parejas que están empadronadas en diferentes lugares para que conste como familia monoparental. El control aumenta, pero las trampas no desaparecen.