Cuatro agentes de la Policía Local de Benalmádena resultaron ayer heridos cuando, en el transcurso de una rutina de vigilancia y control de zonas de afluencia turística, un grupo de vendedores ambulantes se negó a identificarse. La actuación se saldó con la detención de tres ciudadanos.

Con el fin de reforzar la persecución contra la venta ilegal en el municipio, se ha incluido una nueva estrategia que pasa por requerir a las personas que presuntamente ejercen la venta ambulante ilegal su identificación y las facturas que acrediten la legalidad del género vendido. Ante este procedimiento, han aclarado desde el Consistorio a través de un comunicado, los vendedores optan por concentrarse en grupos de diez.

Dentro de estas actuaciones, ayer domingo, un grupo de unos diez vendedores ambulantes que se encontraban en el entorno del Castillo de Bil-Bil se negaron a facilitar dicha documentación. Ante esta negativa, los agentes les solicitaron, siempre según la versión del Consistorio, acompañarles a la jefatura de Policía Local para la pertinente identificación, a lo que tampoco accedieron. En este punto, los agentes emplearon "la fuerza mínima" para garantizar su traslado a las dependencias policiales. Fue entonces cuando, ante la persistente resistencia de los vendedores, se inició un tumulto que provocó que cuatro agentes de la Policía Local tuvieran que recibir atención médica. Finalmente, se procedió a la detención de tres ciudadanos, de nacionalidad senegalesa que, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fueron trasladados a la Comisaría de Policía Nacional de Torremolinos.

Como respuesta a esta actuación, numerosos integrantes de la comunidad senegalesa iniciaron una concentración pacífica a las puertas de la jefatura de la Policía Local. El concejal de Seguridad del Consistorio, Javier Marín, mantuvo una reunión con representantes de dicha comunidad.

En el encuentro, informaron a través de un comunicado, el edil explicó que desde el pasado verano, y con la colaboración con otros cuerpos de seguridad, se ha reforzado la persecución de la venta de productos ilegales, "un problema que genera el descontento de comerciantes y restauradores". "Desde el equipo de gobierno apostamos por la integración de esta comunidad en el municipio, pero siempre a través de una actividad comercial que respete la legalidad vigente", aclaró Marín, al tiempo que recordó el encuentro que mantuvo la pasada semana el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, con representantes de la comunidad senegalesa.

En esta cita se les planteó alternativas a la venta ambulante ilegal, como constituirse en cooperativa para la venta de productos artesanos, integrarse en los mercadillos locales e incluso otorgar licencias a las mujeres con puestos para realizar trenzas. "La Policía Local no puede mirar hacia otro lado ante esta actividad delictiva y está obligada a actuar: estaría incurriendo en otro delito sino actuase y consintiese una venta que, entre otras normas legales, vulnera la Ley de Propiedad Intelectual", puntualizó el concejal. El colectivo, al que Marín reiteró las propuestas, disolvió la concentración por la mañana. En cuanto a los detenidos, el edil aseguró que "se respetarán todas las garantías judiciales durante el procesamiento".

A mediados de marzo hubo otra operación contra la venta ilegal

La Policía Nacional y la Local están intensificando su actividad contra la venta de productos falsificados en Torremolinos o Benalmádena. De hecho, la Policía Nacional informó el pasado 17 de marzo que habían detenido a seis personas e intervenidos 331 productos falsidicados en una operación conjunta entre los dos cuerpos. Los agentes decomisaron copias de bolsos, auriculares, gafas, monederos o zapatillas deportivas de distintas firmas de moda. Las investigaciones se iniciaron a raíz de las quejas de ciudadanos y comerciantes de Torremolinos y Benalmádena en relación con la distribución de artículos que vulneran los derechos de la propiedad intelectual o industrial. Las pesquisas se centraron en torno a las personas que regentaban puestos de venta de las falsificaciones afincados en esos municipios. Tras las indagaciones y observaciones, los investigadores localizaron a varias personas que tienen como único medio de vida la venta de este tipo de objetos. Detuvieron a seis personas de nacionalidad senegalesa y mauritana con objetos por valor de 4.700 euros.