"A los que han sido concejales y no lo son, lo que les he aconsejado como amigo es que hay vida después de la política y, como hay un momento de reactivación económica y tienen títulos, es un momento bueno para salir y pensar en la vida fuera de la vida municipal". Con estas palabras, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dio ayer por zanjada la polémica en torno a las "recolocaciones políticas" de ex ediles de su candidatura que no fueron elegidos en las urnas y pasaron a ocupar parte de las vacantes en el entramado municipal.

De la Torre, quien comenzó su carrera política en 1971 y desde el año 2000 -cuando sustituyó a Celia Villalobos- ocupa el sillón de regidor del Consistorio de la capital -cumpliendo al final de esta legislatura 19 años como alcalde, designó a tres ex concejales, Luis Verde, José del Río y Eva Sánchez como directores de distrito -el primero además como director técnico de Juventud- y a una cuarta exconcejala, Mar Torres, como directora de Derechos Sociales. A esos nombres se podrán añadir el del también ex concejal popular José Hazañas, que se mantendrá como asesor de Alcaldía en el cargo de coordinador institucional; y el de María Victoria Romero, que pasa a trabajar como técnica del grupo del PP en el Ayuntamiento.

Estos nombramientos, que se asumen al menos hasta el 31 de diciembre de 2015, irían "en contra" de la filosofía del pacto de investidura alcanzado con Ciudadanos, quienes exigen en que estos puestos sean ocupados por funcionarios. De hecho, ambos partidos mostraron ayer sus diferencias en este aspecto a pesar de coincidir en frenar estas recolocaciones. De la Torre, quien para seguir gobernando ha de asumir esta propuesta -prescidiendo de 17 de los 34 cargos de confianza del Consistorio-, insistió en que "se cumple la ley" en cuanto a limitación de dichos cargos y aseguró que "legalmente no hay razones para hacer cambios" ni en los directores generales ni en los de distrito ya que de éstos, excepto dos que son funcionarios, el resto sólo estará hasta final de año para cumplir el compromiso político con Ciudadanos.

Por su parte, el líder en la capital de la formación naranja, Juan Cassá, si bien apaciguó su rebeldía inicial al acatar estos nombramientos políticos al ser "legales", consideró que "no son legítimos" ya que estas personas "no han sido votadas por la ciudadanía". "Las cosas hay que hacerlas paulatinamente y de la noche a la mañana no se pueden hacer reestructuraciones tan profundas", admitió Cassá dando un paso atrás en su postura manifestada hace unas semanas a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que aseguraba que se opondrían si las recolocaciones políticas "son en detrimento de técnicos". No obstante, ambas formaciones continuarán trabajando "la base más importante del pacto" -a la que se suma los salarios de los gerentes-. Así, Cassá recalcó que se amortizaron cuatro de esos 17 cargos de confianza y, del resto, los 11 correspondientes a los directores de distrito cesarán a final de año, cuyas funciones pasarán a ser desempeñadas por funcionarios de distrito tras una selección formal.