La presión de los agentes de la Policía Local sobre el fenómeno de la prostitución en la ciudad de Málaga se mantiene activa. Al punto de que a lo largo del año 2011, primer ejercicio completo desde que entró en vigor la ordenanza de convivencia ciudadana que regula esta actividad, este cuerpo ha impuesto aproximadamente 1.500 sanciones bien a personas que ofrecen servicios sexuales bien a los clientes de las mismas. Si bien este dato no está segmentado, la realidad es que la inmensa mayoría se corresponde con mujeres que ejercen esta profesión.

Los datos forman parte de una respuesta oficial dada por el equipo de gobierno del PP al grupo municipal de Izquierda Unida en la Casona del Parque. En el citado escrito, desde el área de Seguridad se precisa que "la mayor parte de las denuncias" presentadas corresponde a mujeres que ejercen la prostitución "en las zonas prohibidas". "Por dos razones, en primer lugar porque la presencia policial disuade en mayor medida a los clientes que a las prostitutas y, en segundo lugar, porque la denuncia requiere un requerimiento previo de desistir de su realización". Una reclamación, que según el coordinador de Seguridad, "es seguido por el potencial cliente y no lo es por las personas que ejercen la prostitución".

Para el concejal de Seguridad, Julio Andrade, la puesta en servicio de la ordenanza en diciembre de 2010 está teniendo efectos positivos, al reducirse de forma destacable los puntos de ejercicio de la prostitución. Según Andrade, el foco principal se mantiene en el polígono Guadalhorce. Si bien en la reciente respuesta municipal no se aportan datos sobre las zonas donde se impusieron estas multas, la información sí se recoge en otra aportada a principios del pasado mes de enero. En esa comunicación, en la que las sanciones eran 830: 561 en el polígono industrial; 113 en la zona centro, y 49 en la Alameda de Colón.

Con estos números, Andrade cree que se está produciendo un efecto disuasorio, especialmente, sobre los clientes. La ordenanza sanciona con multas de hasta 1.500 euros la práctica sexual en la vía pública así como la demanda y el ofrecimiento de sexo a menos de 200 metros de zonas residenciales, colegios o negocios. Al ser considerada una sanción grave conlleva el levantamiento de un acta, la apertura de un expediente y la comunicación de la resolución a través de una notificación domiciliaria. Para evitar el incumplimiento de esta norma, el Ayuntamiento adecentó una parcela situada en el polígono del Guadalhorce, en la trasera de la zona de los desguaces, localizada a unos 500 metros de viviendas y empresas, propiedad de la Junta de Andalucía y catalogada como zona de servidumbre de río. Sin embargo, el colectivo aún no se ha trasladado a esta zona al considerar que no reúne "las condiciones necesarias".