El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, ha destacado hoy que el caso "Malaya", la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento en la historia de España, "se está haciendo insostenible, desde el punto de vista organizativo".

Arroyo Fiestas ha explicado que ellos pensaban que el juicio se terminaría a finales de 2011, pero se está prolongando "y su ritmo es mucho más lento" del esperado.

El magistrado confía que en el futuro se pueda activar, pero ha reiterado que la duración se está haciendo "francamente insostenible" debido a que hay magistrados de otras sesiones desplazados a la Sección Primera.

Dichos magistrados iban a estar en la Sección Primera durante un año, tiempo que para este magistrado es "razonable" debido a que durante ese tiempo se tienen desatendidas otras necesidades, para que "Malaya" funcione a pleno rendimiento.

Pese a ello, ha destacado que dichas medidas se mantendrán todo el tiempo que sea necesario, pero "lo deseable sería que el procedimiento se activara un poco más".

Como presidente de la Audiencia ha resaltado que él no puede influir en el ritmo, y ha añadido que la marcha la tienen que marcar el tribunal, los abogados y el fiscal.

Ha añadido que las únicas medidas posibles son acelerar los interrogatorios, concentrarse de verdad en las pruebas que sean importantes, renunciar a aquellas que en su día se pidieron pero que con el paso del tiempo se han convertido en innecesarias y tener un mayor grado de coordinación en la medida de lo posible entre la fiscalía y los abogados.

La vista oral arrancó el pasado 27 de septiembre con las cuestiones previas, fase en la que las defensas incidieron en la nulidad de las escuchas telefónicas, registros y detenciones, así como la ruptura de la cadena de custodia de pruebas.

Después de que el tribunal desestimase todas las cuestiones previas planteadas, el juicio se reanudó el pasado 13 de diciembre con la fase de declaraciones.

El "caso Malaya", cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.