Málaga

El presidente del comité de Limasa acusa a los partidos de enchufar a trabajadores

  • Belmonte defiende los puestos hereditarios asegurando que "todos hemos estado dentro de ese juego" El director de Medio Ambiente del Ayuntamiento abre la puerta a la privatización

El escándalo de los puestos hereditarios, que permite que los trabajadores de la empresa mixta de limpieza Limasa coloquen en su lugar a familiares en el caso de jubilación, invalidez o fallecimiento, volvió a saltar ayer a la palestra en la segunda sesión de la comisión de investigación creada sobre la gestión de la sociedad. Fue el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, el que hizo estallar la bomba y contraatacó confirmando que también hay partidos políticos que en anteriores mandatos han mediado para colocar a determinadas personas en la empresa.

La pregunta de si le consta que algún partido político haya metido a trabajadores en Limasa fue lanzada por el concejal de Ciudadanos Alejandro Carballo, que ayer sustituyó a Juan Cassá como presidente de la comisión, y Belmonte fue tajante al afirmar: "sí". Ello derivó en algunos de los momentos más tensos de la sesión en la que compareció el director general de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Málaga, Luis Medina-Montoya.

Preguntado por las formaciones a las que se refería, el presidente del comité dijo que los partidos nuevos es "indudable que no han tenido opción porque la bolsa se cerró en 2013", pero insistió en que "los antiguos, no todos, sí han mediado para facilitar que determinada gente pudiera entrar". Sobre si estaba de acuerdo o no, respondió: "no me parece bien por ningún lado pero si lo hace una parte la otra parte también quiere el trozo de la tarta". "No lo hemos denunciado porque todos hemos estado dentro de ese juego", sentenció.

Tanto es así que Belmonte reconoció que en caso de jubilación e invalidez de un trabajador tienen derecho a entrar los hijos y los cónyuges en el caso de fallecimiento. Eso sí, señaló que "es una leyenda que se vendan los puestos" y explicó que "esto viene de hace muchísimos años, de cuando había gente que no quería trabajar en Limasa y de esta forma se aseguraba que los hijos de los trabajadores se comprometían a seguir prestando el servicio".

No obstante, ningún partido de los aludidos negó la acusación, si bien el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, que protagonizó con Belmonte el enfrentamiento más duro de toda la sesión, le reprochó que "usted forma parte de la comisión paritaria para ver quién es la persona que entra en Limasa" y le corrigió asegurando que en el convenio "no viene en ningún artículo que tenga que ser un hijo o un cónyuge la persona por la que sustituya".

De hecho, el edil le puso contra las cuerdas al preguntar al presidente del comité insistentemente si llegado el caso de que la gestión de la empresa pasara a ser municipal a partir del año que viene estaría dispuesto a renunciar al artículo 45 en el que se permite heredar los puestos. pero el representante sindical se limitó a contestar que "cuando llegue el momento nos sentaremos las partes para hablar de los 75 artículos del convenio con sus disposiciones adicionales".

Sobre la mediación de los partidos políticos para colocar a gente en Limasa en anteriores mandatos, sí se pronunció el director de Medio Ambiente, Luis Medina-Montoya, que dijo únicamente tener constancia del convenio con el Área de Igualdad para integrar en el Centro Ambiental de Málaga (CAM) a mujeres en especiales dificultades y de "alguna recomendación de un partido político". Un hecho que ya mencionó en la primera sesión de la comisión el gerente de Limasa, Rafael Arjona, refiriéndose expresamente a IU.

El resto de la sesión celebrada ayer estuvo marcada por otras dos cuestiones principalmente. El cumplimiento por parte de la empresa del pliego de condiciones respecto al servicio de limpieza y el siempre presente debate sobre el futuro modelo de gestión de la empresa. Sobre el primer aspecto, en el que incidió el PSOE, el presidente del comité criticó que hay un "incumplimiento" por parte de los socios privados, que tienen el 51% del accionariado, y fue contundente al señalar que "no duda de que se facturan servicios que no se acometen".

Pero Medina-Montoya negó rotundamente este hecho y dijo que sería un "insensato si firmara certificaciones de trabajos no realizados", si bien admitió que "no me pongo a revisar los cientos y cientos de folios que me llegan de todas las certificaciones, sino que confío en el trabajo del equipo".

Municipalización o privatización. La comisión de investigación también está sirviendo para definir posturas sobre el futuro modelo de gestión. Belmonte, con el apoyo de Málaga Ahora, el PSOE y Málaga para la Gente, aprovechó para defender por municipalizar la empresa "porque sería más económico y no habría intermediarios", y pidió al equipo de gobierno que "deje de mentir a los ciudadanos sobre que lo privado va a salir mejor". El concejal de Sostenibilidad medioambiental le preguntó abiertamente si convocara una nueva huelga si no se municipaliza la empresa, a lo que respondió que "parece que tiene usted más ganas de una huelga que nosotros".A la espera de un pronunciamiento oficial, Medina-Montoya vislumbró la intención del equipo de gobierno al asegurar que "en el 90% de las ciudades de tamaño similar o superior a Málaga la gestión está externalizada, por lo que si la gran mayoría lo hace, quizá sea lo más apropiado", por lo que apostó por dejar en manos de empresas especializadas el servicio de limpieza y recogida de basura a partir de abril de 2017.

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