El sindicato de funcionarios CSIF reunió ayer en Málaga a trabajadores de toda España de la Agencia Tributaria para planificar las elecciones sindicales de 2011en la entidad y para debatir los recortes adoptados por el Gobierno. Su presidente nacional, Domingo Fernández Veiguela, dejó patente el malestar y la posición del sindicato.

-Supongo que hay malestar entre los funcionarios tras el recorte salarial...

-Sí, mucho.

-¿Y qué va a hacer CSIF?

-Lo fundamental es defender el trabajo que hacemos y pedir que si tiene que haber recortes los haya para todo. También para los gastos excesivos de las distintas administraciones, que se han acostumbrado a vivir en una época de vacas gordas y ahora no se da. Por lo tanto, tienen que reducir gastos. Todas las administraciones y muy especialmente las autonómicas y las locales. Ahí hay muchos asesores, muchos puestos de confianza. Tiene que haber, pero a lo mejor no tantos. Ni tantos buenos coches, ni tantos escoltas.

- ¿Y qué pasa con las empresas públicas?

-Nos preocupa muchísimo la confusión que se está produciendo entre administración pública y empresas públicas donde se pretenden externalizar servicios públicos que tienen que ser dados por los funcionarios y controlados por las administraciones. Las empresas públicas -que se han multiplicado de una manera exagerada y suponen un déficit a las administraciones públicas de unos 50.000 millones de euros al año- son unas de las causas de la bancarrota de las administraciones. No digo que no tenga que haber empresas públicas. Critico el exceso. Nos cuestan un dineral, no están sometidas a control y allí se pueden colocar en puestos de confianza a los enchufados de turno. No hablo de los trabajadores. En Andalucía a lo mejor es donde más llamativo es, pero ya se hace en todas las autonomías. Eso hay que acotarlo porque nos lleva a la bancarrota.

-¿Qué le parece la propuesta del presidente de Mango de que los nuevos funcionarios no lo sean de por vida?

-Dijo que los funcionarios tenían que poder ser despedidos y cobrar en función de su productividad. Se nota que es la primera vez que habla en público porque no se pueden decir tantas torpezas en unas breves palabras. Aparte de agredir a 1,5 millón de posibles compradoras de sus tiendas, que son las funcionarias que hay. Nos han inundado de mails diciendo que tomáramos medidas. No es nuestra manera de ser iniciar un boicot. Primero, hay que aclarar que la estabilidad de un funcionario -si no cumple se le puede expedientar y echar- es la garantía de independencia, de neutralidad política, de profesionalidad. Lo que no puede ser es que cambie el partido en una administración y como tiene que colocar a 50.000, despida a otros tantos. Segundo, la productividad. ¿Cómo se mide la productividad de un profesor? No estamos fabricando camisas para que se pueda medir si alguien hace más o menos camisas. Nosotros aceptamos la evaluación de nuestro trabajo. Y en ese acuerdo con el Gobierno así lo decíamos y así se firmaba. Evaluar el rendimiento, tanto colectivo de un departamento como individual y que eso signifique promoción o sanción. Pero eso es evaluar, no es la productividad. La productividad es complicada en trabajos de este tipo. ¿Cómo se mide la productividad de un guardia civil? ¿Por las multas que pone?

-¿Y qué le parecen los comentarios del presidente del PP, Mariano Rajoy, que apoyaba la política del primer ministro británico que recortará 500.000 funcionarios?

-Luego aclaró que no se había leído la letra pequeña. No es que [Cameron] vaya a despedir a 500.000, sino que tiene que reducir en los próximos años en 500.000 el número de empleados públicos. Ahí habría que ver cómo lo va a hacer. A lo mejor es no renovar las bajas que se vayan produciendo. La función pública en los países sajones -en Inglaterra, en Estados Unidos- no tiene nada que ver con la nuestra. Es otro tipo de Estado y da otros servicios. Hay cosas que están privatizadas, no son función pública. Por ejemplo, las prisiones. Se contrata a una empresa y por cada preso, lo atiende y lo cuida. Cosa que aquí es impensable. No podemos dejar eso tan importante en manos de una empresa privada que va a ganar dinero y luego pasa lo que sale en las películas.

-¿Y cómo estamos en la ratio funcinonario por habitante?

-Aquí es donde tenemos el menor número de funcionarios de Europa en función de la población.

-¿Pero teméis que se aplique un plan así de recorte de empleados públicos en España?

-Creemos que no se puede hacer porque no se puede dejar a los ciudadanos sin esos servicios. Si se construyen hosptiales, harán falta médicos y enfermeros. La gente pide más policías municipales en la calle no tanto para multar como para cuidar. La gente pide cosas que antes no pedía. Pide que se vigile la calidad del agua, de la alimentación, del medio ambiente. De eso no se puede prescindir. Otra cosa es que haya competencias duplicadas o triplicadas o que en algunos ayuntamientos o comunidades se esté inflando el número con puestos a dedo.

-¿Hay plantillas sobredimensionadas?

-Hay plantillas que están un poco sobredimensionadas. Pero eso tampoco es un porcentaje importante. Sobre todo lo que hay es que se inflan los puestos a dedo a través de altos cargos, asesores y personal de confianza. Yo entiendo que un director general o un ministro tengan que tener personal de toda confianza. Pero no es lógico que en cualquier ayuntamiento, algunos que ni son capital de provincia, haya 50 ó 100 asesores. Y de ahí nos salen entre 15.000 y 20.000 asesores. Sólo asesores, no hablo de puestos de confianza. Están nombrados a dedo, no son empleados públicos.

-¿Por dónde tiene que ir la tijera?

-Hay que reducir en todo. No digo que no tenga que haber asesores. Hay personas con una responsabilidad que tienen que tener un asesoramiento. Pero como la prensa ha denunciado -y aquí en Andalucía mucho- esos asesores que tienen muchos ayuntamientos o diputaciones son los trabajadores del partido político que siguen en el despacho trabajando para ese partido político. Yo no estoy inventando nada.