No hace mucho, cualquier alusión a la paralización del Metro de Málaga hubiese tenido como protagonista directo al alcalde, Francisco de la Torre, y al Ayuntamiento de la ciudad. Hoy puede afirmarse que la terminación del proyecto más importante de cuantos se desarrollan en la capital es, mayoritariamente, imputable a la Junta de Andalucía, que, de un lado, dilata la decisión sobre si irá adelante o no con el ramal en superficie hasta el Civil y, de otro, alarga ya a nueve meses la espera para adjudicar la terminación del tramo Renfe-Guadalmedina.

La situación de parálisis que atenaza la toma de decisiones afecta de lleno a la reactivación de las obras en la antesala al Centro. Mañana se cumplirán nueve meses desde el momento que la Agencia de Obra Pública de Andalucía cerró el plazo dado a las empresas interesadas en presentar ofertas para la ejecución de los trabajos pendientes en esta parte del recorrido. Desde el 24 de julio de 2017 son varias las ocasiones en las que los representantes autonómicos han vaticinado una pronta resolución, aduciendo la dificultad que entraña el análisis técnico y económico de las proposiciones. La Junta busca reducir al mínimo la posibilidad de reclamaciones por parte de los privados que intervienen en la licitación, pero a esto hay que sumar que se sigue sin resolver de manera definitiva la relación contractual con Ortiz.

La trascendencia de lo que ocurre con el Renfe-Guadalmedina es elevada. No solo por la incidencia que tiene sobre un escenario físico, el de la Avenida de Andalucía, en el que no hay obreros desde hace casi tres años, sino también porque sin su terminación es imposible que los trenes que ahora llegan hasta a El Perchel prolonguen su recorrido hasta la Alameda, punto en el que, aún con retraso, sí se construye la pieza final.

Partiendo de la fecha actual y tomando como referencia el calendario manejado por la Junta en los pliegos para la contratación de la obra del Renfe-Guadalmedina, la posibilidad de que el ferrocarril urbano llegue a la estación Atarazanas a lo largo de 2020 empieza a cuestionarse. El plazo estimado es de 22 meses (que las empresas pueden reducir), lo que llevaría a febrero de 2020 la terminación de la infraestructura (incluyendo el túnel y la reurbanización en superficie). Pero esta previsión se hace sin contar con otras tareas que requerirán de meses, caso de las instalaciones y comunicaciones, la superestructura, las pruebas del material.

A esta situación hay que añadir el retraso real que existe en la ejecución del recorrido entre el río Guadalmedina y el eje norte de la Alameda. La formalización del contrato con Acciona y Sando tuvo lugar el 24 de marzo de 2015, siendo el plazo ofertado de 28 meses. Es decir, que tendría que haber estado concluida la construcción del túnel y repuesta la calle en julio de 2017. No solo no se cumplió esta previsión, sino que tampoco se podrá cumplir la adenda pactada por la Junta con las dos constructoras, a la que otorgaron una prórroga de un año que concluye el próximo 3 de julio. En el mejor de los casos, no será hasta finales de año cuando pueda estar ejecutada esta parte de la intervención.

A las realidades de los dos últimos tramos del recorrido del suburbano hay que agregar la correspondiente al trazado tranviario proyectado hasta el Civil, objeto de un acuerdo con el Ayuntamiento a finales de 2013. Por más que han sido varios los anuncios de la consejería vaticinando una pronta licitación, pasan los meses sin que se dé este paso. El último dado por la Junta tuvo lugar en diciembre del año pasado, cuando el Consejo de Gobierno andaluz dio luz verde al proyecto ferroviario y exigió al Ayuntamiento a adecuar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

Desde la Casona del Parque se reaccionó requiriendo formalmente a la Junta la anulación del proyecto. Trámite al que ahora tiene que responder la Administración regional. El intercambio de ataques y contraataques se alarga desde hace años sin que quede despejado el escenario.

Y entre tanto, la posibilidad de que el ferrocarril urbano llegue en superficie a la zona norte se difumina. Quedan por conocer las conclusiones de los análisis jurídicos, técnicos y económicos realizados por Fomento, tratando de precisar las consecuencias de tomar uno u otro camino. ¿Puede avanzar en la contratación de la obra sin el aval municipal? ¿Qué efectos tendría ante el actual concesionario no hacerlo? Cuestiones sobre la mesa.