La Fiscalía de Málaga retiró ayer la acusación que venía sosteniendo por un delito contra la ordenación del territorio contra cinco exconcejales de la localidad de Canillas de Aceituno y contra la actual alcaldesa, Pilar Ortiz (PSOE), mientras que ha mantenido la acusación contra el que fuera regidor de dicho municipio José Manuel Aranda, por este mismo tipo delictivo.

Al inicio de la vista, la fiscal informó de la retirada de la acusación respecto de seis procesados, al entender que en el hecho que sustentaba la imputación, la aprobación de un proyecto de actuación, era dudosa la existencia del dolo que requiere este delito. Tras esto, el magistrado comunicó a los acusados la absolución y la continuación de la vista oral respecto del exregidor. El juicio quedó visto para sentencia.

Los hechos se remontan a septiembre de 2005 cuando un particular solicitó licencia para una vivienda unifamiliar en la zona conocida como La Machera de Canillas de Aceituno, suelo clasificado, según la normativa urbanística vigente en el municipio, como no urbanizable, por lo que era preciso aprobar previamente un proyecto de actuación. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía emitió informe "en sentido negativo".

Según la Fiscalía, en diciembre de 2005, el arquitecto municipal emitió informe negativo por la "incompatibilidad" de la vivienda proyectada con la clase de suelo y "en los mismos términos formuló informe la secretaria del Ayuntamiento". En septiembre de 2006, el exregidor dictó "de forma torcida y contraria a la reglamentación urbanística vigente en el municipio", un decreto otorgando la licencia.

Aranda declaró que la secretaria municipal, "que era la que conocía la ley", se encargaba de completar y tramitar los expedientes urbanísticos y cuando estaban completos se llevaban a Pleno. Dijo que tenía entendido que los informes que emitía la Administración andaluza "eran preceptivos, pero no vinculantes", precisando que "en Málaga, el 99% de los informes de la Junta son desfavorables". Y explicó que por parte de la Junta de Andalucía se solicitaron documentos que se mandaron en el momento en el que fueron requeridos, considerando que se cumplió con la ley. Respecto a la licencia que concedió, expuso que la dio porque "estaba todo correcto" e insistió en que ni el arquitecto técnico ni la secretaria le advirtieron de ilegalidad alguna. "Si yo hubiera sabido esto, no firmo ni una licencia", aseguró el exregidor.

Aranda, que dejó su cargo tras ser condenado por la Audiencia por delito urbanístico, se enfrentaba antes del comienzo del juicio a una petición fiscal de cuatro años de cárcel, 10 de inhabilitación y multa de 42.000 euros.

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