La polémica sobre la decisión del equipo de gobierno del PP de mantener en sus puestos a siete de los directores generales y a uno de los dos coordinadores municipales sin que los mismos sean funcionarios de carrera, nivel A1, marcó buena parte del Pleno extraordinario celebrado ayer. Frente a las denuncias de los grupos de la oposición, a excepción de Ciudadanos, que llegaron a hablar de "fraude de ley" y de "retorcimiento" de la legalidad vigente, el Ejecutivo local defendió el procedimiento seguido. "Se está cometiendo un fraude de ley porque la finalidad de la modificación de la norma es que esos puestos sean ocupados por ese personal y cambiando la denominación lo que hace el PP es evitar que se cumpla ese precepto", dijo el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla. Frente a estas tesis, el portavoz del PP, Mario Cortés, indicó que son cargos que no cesan en sus funciones al finalizar el mandato y recordó que los nombramientos de sus actuales ocupantes son previos a la modificación legal que desde finales de 2013 aboga por poner en valor la figura de los funcionarios para dichas tareas. Este argumento fue refrendado por el secretario general del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez, que sin embargo, admitió sus dudas respecto al proceso seguido con Ruth Sarabia, hasta el pasado mandato directora general de Derechos Sociales, pero que en la nueva estructura pasa a sumar a sus competencias Igualdad de Oportunidades. Es esta agregación lo que, para el alto funcionario municipal, genera interrogantes, dado que lo que podría haber hecho la Junta de Gobierno Local es una delegación de competencias. De otro lado, el alcalde de Málaga anunció ayer, recogiendo la propuesta lanzada el día antes por Ciudadanos, la pretensión de modificar el Reglamento Orgánico Municipal con el fin de prever aquellas excepciones en las que no son funcionarios de carrera los que ocupan determinadas direcciones generales.