Málaga

Una sentencia contradice el auto sobre la objeción al aborto

  • El TSJ de Castilla-La Mancha reconoció a los médicos de familia esa posibilidad

El Colegio de Médicos de Málaga apuntó ayer que el auto del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga relacionado con el derecho de objeción de conciencia de un médico de atención primaria de Antequera sobre el aborto no resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada por dicho galeno. La entidad, que precisó que "no ha tramitado dicho procedimiento desde su asesoría jurídica", aclaró que el auto lo que se resuelve es "la petición de suspensión cautelar que el médico realizó respecto a la resolución de la Gerencia del Área Sanitaria Norte de Málaga, por la que se le daba respuesta a la declaración de objetor de conciencia del facultativo".

El Colegio de Médicos recuerda además que el auto "se encuentra en contradicción" con el criterio emitido por El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Tsjcm) que acordó la adopción de la medida cautelar por la que se permite a los médicos que no sean especialistas en Obstetricia y Ginecología ni en Anestesiología y Reanimación, y en particular a los médicos de Atención Primaria, "plantear en la forma y por los medios que en su caso la administración establezca, y en otro caso por simple manifestación escrita, la objeción de conciencia con respecto a los deberes de información" sobre el aborto.

Por todo ello, desde el Colegio de Médicos de Málaga consideran "evidente" que la participación de los médicos de Atención Primaria en los procesos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) "constituye un acto asistencial, puesto que es el médico de cabecera el primero que recibe a la paciente que manifiesta su deseo de interrumpir voluntariamente su embarazo y es él quien, tras solicitar los datos necesarios respecto a las posibles semanas de gestación, se encarga de realizar la derivación de la paciente". Así, ha instado a los poderes públicos a que arbitren la fórmula "que consiga el respeto y compatibilización de los derechos de todos los ciudadanos, debiendo estar comprometida la Administración con la gestión de la diversidad en la que se fundamenta nuestra sociedad".

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