Camareras de piso, trabajadores de Limasa, de la sanidad, operadores de líneas, técnicos de operaciones de Metro Málaga, pensionistas y hasta madres que buscan a sus "bebés robados". Más de 200 personas de una veintena de colectivos de distintos sectores se concentraron ayer -convocados por la Plataforma No Más Precariedad- en la plaza de la Merced para protestar contra la última reforma laboral del Gobierno del Partido Popular. Así, durante la lectura del manifiesto, advirtieron de que no van a permitir que se "imponga un modelo laboral y social en el que el saqueo de unos pocos sea la precariedad de la mayoría" y tampoco van a "resignarse a seguir siendo invisibles".

La situación, recalcaron, afecta "a todas las esferas". "Somos las mujeres invisibilizadas por la desigualdad del patriarcado, las personas con convenios precarios que sufrimos los impagos de nuestros salarios, las trabajadoras de servicios públicos a las que cada vez nos quitan más recursos para ofrecer un servicio de calidad, los jóvenes que encadenan despidos en periodos de prueba, los hijos que viven peor que la generación de sus padres", denunció una de las portavoces.

Por su parte, las limpiadoras de hoteles, conocidas como Kellys, subrayaron que se están cometiendo "barbaridades" y que se ven obligadas a a soportar la "esclavitud del siglo XXI". "El sueldo de una camarera de piso es de unos 1.200 euros y cobramos entre 500 y 600 euros, echando además horas sin asegurar y haciendo una cantidad de trabajo extrema. Se están quitando muchos puestos", aseveró una trabajadoras. La asociación reivindica el derecho a una "jubilación anticipada" ya que no se les reconocen "las enfermedades laborales" que, recalcaron, sufren como consecuencia de la carga. "Ya no podemos más. La precariedad es máxima", se lamentó una mujer.

También el presidente del Comité de Empresa de Metro de Málaga, Juan Vicente Pomares, alzó la voz para apostillar que el servicio de transporte se erige en "un negocio para unos pocos a costa de los trabajadores, convirtiendo una explotación ferroviaria en una explotación de personas". Fue hace poco más de un año cuando el colectivo hizo público el conflicto laboral en el que se veían inmersos por "condiciones laborales y de conciliación familiar que rozan en muchas ocasiones la ilegalidad". Tras unos meses de lucha en que consiguieron denunciar el convenio, han decidido volver a la calle porque la empresa "no quiere negociar las condiciones mínimas, sino imponer de nuevo sus reglas y disfrazar de trabajo digno y sin precariedad un contrato fijo".

El presidente del comité de empresa de Limasa, Manuel Belmonte, acompañado de un nutrido grupo de trabajadores, mostró su rechazo "rotundo" a la decisión adoptada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con el apoyo de Ciudadanos de dividir la empresa en dos, una pública y otra privada. "Es la peor decisión que se puede tomar. Hay un ahorro económico anual de más de 12 millones de euros y es una irresponsabilidad que quieran dárselo a los privados", denunció.

Asimismo, representantes de la Marea Blanca criticaron la "privatización de la sanidad pública" y aseveraron que los trabajadores del sector "han sufrido recortes en su salario" y asistido, además, a una "privatización" de sus puestos de trabajo, pasando a "depender de empresas que recortan aún más su sueldo y sus derechos laborales". "En Andalucía hemos perdido en estos años 7.000 empleos, con un incremento de las listas de espera, falta de camas en hospitales y urgencias y centros de salud desbordados. Nuestro lema es una sanidad pública, universal y de calidad", aseveró una de las trabajadoras.