Por más que parezca despejado, el horizonte el Metro en superficie hasta el entorno del Hospital Civil sigue pendiente del tiempo y de la resolución de algunos interrogantes aún por responder. Cumplida la hoja de ruta trazada desde finales de 2013 por la Junta de Andalucía, con la activación del concurso para adjudicar, previsiblemente en primavera, las obras de construcción de esta pieza del ferrocarril urbano, que las máquinas puedan ocupar el terreno seguirá estando condicionado a que el Ayuntamiento de la ciudad así lo autorice.

El gesto del Consistorio, lejos vincularse a una licencia al uso, tiene más que ver con la colaboración mínima indispensable para hacer posible los desvíos de tráfico y ordenar el espacio de intervención. Sin ese aval, tal y como ha reconocido en no pocas ocasiones el consejero de Fomento, Felipe López, el paso definitivo de inicio de los trabajos se hará imposible.

Esta última parte de la secuencia del que parece ser un tramo maldito tiene lugar en un escenario afectado de lleno por el clima electoral. Una circunstancia que deja en el marco de la incertidumbre las próximas decisiones. ¿Serán los mismos actores institucionales los que tendrán en su mano el fallo definitivo? Es seguro, conforme a los pronunciamientos ya expresados, que de ser elegido en las urnas el próximo 2 de diciembre como nuevo presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla enterrará simbólica y materialmente el eje tranviario a la zona norte.

“Un perro es un perro y un metro es un metro”, dijo días atrás el presidente del PP andaluz para resumir su rechazo al modelo defendido por la Agencia de Obra Pública de Andalucía. A ojos del dirigente regional, en la línea de lo expuesto por el alcalde, Francisco de la Torre, no puede formar parte de la ecuación del Metro malagueño un ramal a ras de calle. La opción de llevarlo bajo tierra, a lo que se compromete, eleva el presupuesto a unos 130 millones, unos 90 millones más que el plan ahora concebido.

Pero incluso en el supuesto de que los populares no alcancen los apoyos necesarios para ocupar el Palacio de San Telmo, la ecuación política seguirá estando inconclusa al menos hasta mayo del año viene. Será en ese momento cuando el alcalde, Francisco de la Torre, optará a la reelección. De mantener la vara de mando, el tranvía al Civil se topará con un muro infranqueable.

A pesar de que fue él mismo quien firmó hace casi cinco años el protocolo de intenciones que desbloqueaba el avance del Metro y validaba un cambio de trazado sustancial (la llegada a La Malagueta bajo tierra se acortó a la Alameda y se incorporó la prolongación en superficie hasta el Civil), son numerosos los reparos puestos por el equipo de gobierno. Algunos de ellos incluso en el ámbito judicial.

Sirva de ejemplo que a día de hoy se mantiene abierta una disputa en relación con el proyecto constructivo, que De la Torre pidió anular en los tribunales. Otra de la reclamaciones, sobre el proyecto básico de este mismo tramo, fue fallada por el TSJA en favor de las tesis de la Junta, rechazando la pretensión del alcalde y subrayando la ausencia de vulneración de la autonomía municipal y de lesiones a los intereses de la ciudad.

Estos reparos se sumaron a los varios acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local denunciando la viabilidad urbanística del trazado propuesto, así como su idoneidad en materia de movilidad. Esta posición obligó a la Junta a disponer de los pronunciamientos del Consejo de Gobierno para declarar de interés metropolitano el tramo y obligar a la adecuación del Plan General de Ordenación Urbanística con el fin de que incorpore el ramal entre la estación Guadalmedima y el cruce de Blas de Lezo con Arroyo de los Ángeles.

El cronograma que maneja Fomento sitúa el posible arranque de la obra en Eugenio Gross en el verano de 2019

Todos estos episodios constatan lo prolijo del procedimiento del Metro al Civil, en el que ha sido igualmente evidente la incertidumbre con la que se ha manejado la propia Junta. El paso definitivo de licitación de la obra no se dio hasta disponer de las conclusiones de un profundo análisis en el que se sopesaron las consecuencias jurídicas y contractuales de ir adelante en solitario o, directamente, dejarlo aparcado sine die.

Un debate interno en el que ha pesado el contrato vigente con la adjudicataria de la explotación del suburbano. El mismo, modificado a mediados de 2014, obliga a la Administración regional a entregar la red completa para su puesta en servicio en noviembre de 2020 como fecha tope. Las previsiones actuales hacen asumible cumplir con la cláusula en lo concerniente a la parte del trazado en obras, entre el intercambiador de Renfe y la futura estación de Atarazanas, en la Alameda, pero resulta inviable hacerlo con el ramal al Civil.

El cronograma que maneja Fomento sitúa el posible arranque de la obra en Eugenio Gross en el verano de 2019, momento a partir del cual habrá que sumar un máximo de 24 meses, alargando la terminación a 2021. El camino del Metro al Civil, a pesar de los casi cinco años transcurridos desde la reunión del 11 de noviembre de 2013 en Los Asperones, lejos de llegar a su fin apenas se ha iniciado. En el transcurso del próximo medio año será cuando podrá determinarse si se hace realidad o, por el contrario, la disputa institucional desemboca, de nuevo, en los tribunales.