El cobro indebido del impuesto de plusvalías a ciudadanos de a pie y a empresas empieza a pasarle factura al Ayuntamiento de Málaga. Desde enero de 2017 y mayo de 2018, según la información oficial aportada ayer por el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, se cuenta una veintena de sentencia dictada por los tribunales contrarias a los intereses municipales y en las que, a la espera de la firmeza de algunos de los fallos, se obliga al Consistorio a devolver algo más de 2,1 millones de euros a los reclamantes. Un cifra a la que se pueden agregar los 515.825 euros que ya sí han sido devueltos en procedimientos abiertos en la vía administrativa.

De esta cuantía apenas han sido devueltos en este intervalo 79.257,81 euros, suma relacionada con las sentencias firmes. El grueso del montante queda pendiente, expuso Conde en el marco de la Comisión de Transparencia, con procedimientos que están pendientes de concluir, de otros en los que se han presentado recursos de apelación y de los que siguen a la espera de la recepción de la firmeza de las sentencias.

Un ejemplo de los fallos ya conocidos, fechado el pasado 2 de febrero, da la razón a una empresa hotelera que le reclama al Ayuntamiento la devolución de los algo más de un millón de euros que abonó en concepto de liquidaciones por este impuesto como consecuencia de la transmisión de dos fincas en octubre de 2015. Así lo dictaminó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga, que apoyó las tesis manejadas por la entidad privada en el sentido de argumentar que los terrenos objeto de compraventa "no han experimentado incremento de valor alguno durante el periodo 2001 a 2015, durante el que han sido de su propiedad".

El edil responsable de las finanzas municipales compareció ayer a petición de Málaga para la Gente, que reclamó información detallada sobre los procedimientos abiertos en vía judicial por el cobro indebido del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), popularmente conocido como plusvalías. Durante su exposición, Conde relató los datos aportados por Gestrisam, entre los que se incluye la existencia de un total de 37 sentencias relativas a este impuestos por algo más de 2.279.000 euros, sin especificar el motivo de las mismas.

La reacción de los contribuyentes ante el cobro del impuesto supuso el envió desde inicios de 2017 de 504 recursos, de los cuales fueron resueltos 309; de estas resoluciones 71 fueron estimatorias; 14 estimatorias parcialmente, 126 desestimatorias y 98 inadmitidas.

En este mismo campo, Málaga para la Gente reclamó información sobre las previsiones presupuestarias manejadas por el Ayuntamiento en los dos últimos años y el nivel exacto de ingreso de este tributo. Sobre el particular, el concejal avanzó que previsiblemente el actual ejercicio se cerrará con unas aportaciones por el cobro de este impuesto inferiores a las del año pasado. De acuerdo con la información oficial, de los casi 45 millones de que presupuestaron en las cuentas de 2016 se pasó a unos ingresos al cierre del año de 55 millones, "debido a una mayor actividad económica". En el caso de 2017, la liquidación del impuesto fue de 50,5 millones frente a los casi 47,9 millones que se estimaron.

El concejal de Economía y Hacienda, además, negó que desde el Consistorio se haya aplicado "indebidamente el impuesto", dado que lo que se ha hecho ha sido aplicar la ley. Si bien admitió que en la actualidad está sobre la mesa la posibilidad de cambiar el impuesto. De otro lado, el concejal apuntó que desde el año 2017 el Ayuntamiento tomó la determinación de liquidar pero no cobrar el impuesto a aquellos contribuyentes que alegaron ventas a pérdida, con una incidencia de unos 5 millones de euros.