Málaga

Los vecinos de El Palo niegan que se vayan a derribar las casas y acusan al Ayuntamiento de crear alarma social

  • IU propone que estas viviendas sean declaradas Bien De Interés Cultural para legalizar su situación

La Asociación de Vecinos Zona Popular de El Palo acusó hoy al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de crear "alarma social" al asegurar que el Ayuntamiento evitará el derribo de las casas de la playa cuando no existe ningún informe desde la Junta de Andalucía o del Gobierno central, según esta plataforma, que indique que eso vaya a pasar.

"El Consistorio no es el más indicado para hablar de que va a impedir el derribo de estas casas cuando ya lo intentaron anteriormente en 1999 y 2005", criticó en rueda de prensa el presidente de esta asociación de vecinos, Rafael Caparrós. "No entendemos esta manipulación que están llevando a cabo", añadió.

En este sentido, Caparrós explicó que la asociación que preside lleva negociando "bastante tiempo" con el Gobierno central que se legalicen aquellas playas que a día de hoy incumplen la Ley de Costas, para lo que habría que ganarle terreno al mar de tal forma que hubiese un mínimo de 100 metros entre las casas afectadas y la orilla de la playa.

Asimismo, lamentó que las declaraciones hechas al respecto desde el Ayuntamiento estén creando alarma entre los vecinos de las más de 2.500 casas que necesitan ser legalizadas y que se encuentran en la franja del litoral malagueño, que va desde la zona de Pedregalejo hasta la playa de El Dedo.

El Pleno del pasado 30 de julio del Ayuntamiento de Málaga mostró su oposición a cualquier decisión del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino o de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio que no suponga la consolidación de la zona urbana existente en las antiguas playas de El Palo, Pedregalejo, Las Acacias y Playa Virginia. Además, De la Torre defendió la calificación de estas casas como colonia tradicional popular y subrayó que dejarlas fuera de ordenación, aunque no conlleve el derribo, "supone una inseguridad jurídica, no poder tener licencia ni hacer un mantenimiento ni ningún planteamiento de reforma".

En respuesta, la Demarcación de Costas de Málaga afirmó que, aunque existen edificaciones residenciales en esta zona que están en dominio público y que, por tanto, "deberán quedar fuera de ordenación", no significa que vayan a ser derribadas. De hecho, aseguró que está estudiando una solución legal.

Por su parte, IU ha propuesto que "la herramienta idónea" para establecer un marco legal que garantice la situación de estas viviendas pasa por incluirlas como Bien de Interés Cultural.

Precisaron que el reconocimiento de esta figura de protección garantizaría a los vecinos "el no verse inquietados en la posesión de sus viviendas" por intervenciones urbanísticas o futuras modificaciones del planeamiento.

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