Se llamaba Leonor y tenía 47 años. Su hijo, de 16, presenció el momento en el que un hombre, su expareja, la apuñalaba. No había denunciado, como Gloria y María Elena, o como la mayoría de ellas. Sí lo hizo Dana, pero el sistema no le dio la protección que necesitaba. En 2019, 55 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, la cifra más alta del último lustro en España. Cuatro de estos crímenes machistas tuvieron lugar en Málaga, el doble que en 2018.

En comparación con años anteriores, esta cifra supone un nuevo repunte en la provincia que rompe con una tendencia que parecía ir a menos: hay que remontarse hasta 2015 para encontrar un número similar, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno. A nivel regional o nacional, la tendencia es la misma. Al cierre de 2019, Andalucía se colgó la medalla poco admirable de ser la comunidad autónoma con más víctimas de violencia de género; 13 de las 55 mujeres asesinadas eran de aquí. En lo que llevamos de año, siete mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas; 1.040 desde que empezaron a contabilizarse oficialmente en 2003.

La violencia de género es un fenómeno complejo y se antoja extremandamente complicado delimitar con precisión cuáles son los motivos que sostienen cada año estos números. “El que haya una víctima más o menos es importante”, asevera Carmen Martín, portavoz de la Plataforma Violencia Cero. Ella, en la misma línea que los demás expertos consultados, alerta de que junto a las medidas pendientes de desarrollo, la proliferación del discurso negacionista abanderado por partidos políticos como Vox puede tener mucho que ver en esta tendencia.

“Se ha abierto la veda y desde los poderes públicos se le está dando cancha a partidos que están manifestando una conducta de odio hacia las mujeres, que está negando la violencia hacia las mujeres y hablando de violencia intrafamiliar con el ánimo de despistar a la ciudadanía y de no poner el foco donde se debe, en los hombres”, explica Martín.

Un cartel de la manifestación del pasado 8M en Málaga.

Según la que fuera directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Mercedes Sánchez, este discurso negacionista es lo más “catastrófico” que ha pasado. Ella apunta a la necesidad de acabar con los “falsos bulos de la violencia de género” que el negacionismo pretende trasladar a la población. Por ejemplo, que la violencia de género y las leyes que existen contra ella suponen una discriminación hacia el hombre. “¿Las leyes que protegen a los menores suponen alguna discriminación para adulto?”, se pregunta, al tiempo de dar respuesta: “No hay un concepto más lejano de la realidad”.

Según el partido liderado por Santiago Abascal, la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2014, es una norma que establece la “desigualdad legal entre hombres y mujeres con su vulneración de la presunción de inocencia de los varones, su creación de tribunales específicos para un grupo de población y la creación del delito de autor”. Esta formación defiende actuar contra la violencia intrafamiliar, “independientemente de su sexo y edad”.

Tal y como explica Sánchez, ambas cuentan con tipificación legal en España. Es más, la violencia doméstica, o intrafamiliar, fue pionera hasta que “en 2004, la jurisprudencia se da cuenta de que hay que crear una separación porque observa que el 90% de los casos de violencia en el seno de la pareja se dan siempre del hombre hacia la mujer. Ese 90% es lo que hace que el CGPJ hiciera presión para que se aprobara la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género”. La experta en igualdad recalca que “por eso es es tan importante el género” y afirma que negar la norma, así como la violencia de género, “es dar un paso atrás en los derechos fundamentales que avalan una democracia”.

El último informe estadístico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre víctimas mortales de violencia machista revela dos situaciones que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial considera “preocupantes”: el porcentaje de mujeres asesinadas entre 2016 y 2018 que habían denunciado previamente solo aumentó en tres puntos respecto al promedio de los últimos diez años y el paso de denunciar a su agresor no siempre sirvió a las víctimas estar a salvo.

En la provincia malagueña, se contabilizan 42 víctimas mortales desde 2003. 27 de ellas, el 64%, no había denunciado. Solo nueve de las asesinadas lo habían hecho (en los seis casos restantes, no consta denuncia ya que estos datos comenzaron a recogerse en 2006). En casos como los de Dana Leonte, la denuncia no evitó el crimen. En opinión de la portavoz de la Plataforma Violencia Cero, la percepción de este delito, que antes se consideraba una cuestión familiar que se arreglaba en el transfondo de la pareja, ha cambiado pero sigue siendo muy difícil acudir a los juzgados.

Asesinatos machistas en la provincia

Sánchez lo explica arguyendo que se trata de una violencia con unas características muy definidas: se trata del padre de sus hijos o de la persona con la que pensabas pasar el resto de la vida. “Además, piensas si te van a creer o no, más aún ahora con el discurso negacionista que engrandece el argumento de las denuncias falsas, que según el CGPJ representan el 0,01% del total”, añade Marín. “Si ya se nos creía poco, ahora se duda mucho más de nuestra palabra”.

La última vez que el CIS preguntó a los españoles por la violencia de género, en noviembre de 2019, un 5,7% de los encuestados lo situó entre los tres principales problemas del país pero todavía está pendiente la implantación de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 y apenas sin desarrollar. Este acuerdo engloba medidas para, precisamente, combatir la falta de denuncias y garantizar la protección de las que sí lo hacen, para reconocer oficialmente a las víctimas más allá de la denuncia o para incluir a los menores en el protocolo de valoración policial del riesgo.

“En nuestro país hay leyes pioneras pero existe el velo de la desigualdad entre lo que es la igualdad real y la igualdad legal y quedan pasos que dar para que ambas se equilibren. El más importante: que haya medios para que la ley pueda llevarse a cabo con todas sus consecuencias y pueda tener la efectividad que tendría si se contara con los medios necesarios”, señala Sánchez. Para Marín, además de medidas “más contundentes”, es inaplazable focalizar la prevención en la educación: “¿Si no educamos cómo vamos a eliminar las conductas violentas, que se aprenden y nacen de la conciencia machista?”.

Leonor Muñoz, 12 de enero (Fuengirola)

Tenía 47 años cuando murió apuñalada en su casa a manos de su expareja, un hombre de origen alemán de 50 años. Su hijo, de 16, se encontraba en el momento de los hechos en la vivienda y resultó herido leve. No había denunciado. Tres meses antes, se había separado de su asesino, al que conoció con 15 años. Víctima 39 en Málaga, 973 a nivel nacional.

Gloria Tornay, 9 de marzo (Estepona)

Tenía 58 años cuando murió tras recibir una docena de puñaladas a manos de su marido, un británico de 55 años. Su hijo, de 15 años, estaba en ese momento en casa. Su progenitor lo echó y el intentó acceder por la ventana, pero no pudo. Ella, natural de Montejaque, tampoco había denunciado. Su asesino intentó suicidarse junto a su cadáver tras el crimen.

Dana Leonte, 12 de junio (Málaga)

Tenía 31 años cuando desapareció en la capital, donde llegó con 17 años desde Rumanía. Más de 100 días después, su pareja fue detenida y se confirmó el asesinato por violencia de género. La hija de ambos, de 10 meses, quedó a cargo de los servicios sociales. Ella sí había denunciado, pero la causa se archivó porque el juez no encontró indicios.

María Elena Peinado, 17 de julio (Cortés de la Frontera)

Tenía 47 años cuando fue asesinada por su marido, un militar jubilado de 54 años, mientras estaba en la terraza de su casa, en Cortes de la Frontera, con su hermana. El hombre le disparó con un rifle y después se suicidó pegándose un tiro. Llevaban casados un año y no había constancia de denuncia alguna.