Las tragedias medioambientales en las que se producen importantes daños, ya sea por fuertes lluvias, fuego o por la reciente erupción del volcán de La Palma, siempre suelen tener una figura común que son los gobernantes de turno anunciando numerosas ayudas y prometiendo que todos los afectados serán ayudados. Unos anuncios que suelen llegar tras aprobar la declaración de las áreas afectadas como zonas catastróficas y tras la presión pública y mediática que pone sobre la mesa los daños sufridos.

En el caso de Málaga el ejemplo más reciente lo tenemos en el incendio que recientemente afectó a 10.000 hectáreas de Sierra Bermeja y el Valle del Genal. Un área que ya ha sido declarada zona catastrófica y sobre la que pesan promesas de planes especiales y ayudas para ayudar a su recuperación, aunque todavía ninguna de ellas se convirtió en nada concreto. Solo la Diputación de Málaga anunció 8 millones de euros aunque no se ha definido el destino que tendrán los mismos en el territorio.

De momento, tan solo llegó la solidaridad privada mediante donaciones de empresas para ganaderos afectados o acciones de artistas y músicos que buscan recaudar fondos para colaborar con la recuperación.

Mientras tanto, en los municipios todavía siguen con el recuento de daños y a la espera de que los anuncios políticos desde instituciones superiores se conviertan en líneas de ayudas concretas, para lo que piden que se cuente con los habitantes de la zona y no se trate desde despachos en las capitales.

Unos programas de ayudas que en otros casos no han terminado de contentar a casi nadie, aunque desde las administraciones se defienden argumentando que toda línea de ayudas tiene que cumplir el solicitante una serie de requisitos para que sean concedidas.

En este sentido, las inundaciones sufridas en mayor medida por Campillos y Teba en el año 2018, aunque afectaron a otras localidades de la comarca de Antequera y Ronda, son uno de los ejemplos en los que se produjo una situación parecida. En concreto, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno de España en Málaga aquel proceso concluyó con un importe total de ayudas que ascendió a 6,5 millones de euros.

De esta cantidad 1,4 millones de euros corresponden a la línea aprobada tras la declaración de emergencia o zona catastrófica. Una cifra de la que tan solo 296.000 euros fueron para unidades familiares o establecimientos que resultaron afectados por las inundaciones, mientras los 1,1 millones de euros restantes fueron destinados a las corporaciones locales de Álora, Alozaina, Antequera, Benarrabá, Campillos, Canillas de Albaida, Casarabonela, Jimera de Líbar, Teba y la Diputación del Málaga.

El resto del dinero 5,4 millones de euros, correspondieron a ayudas por daños en infraestructuras municipales y la red viaria. A pesar de ello, localidades como Teba siguen todavía sin poder recuperar parte de las instalaciones que perdieron, como es el caso de su campo de fútbol que sigue inutilizado.

El alcalde de esta localidad, Cristóbal Corral, reclamó cambios en el modo de ayudar ante los daños por catástrofes naturales, al considerar que el modelo actual no es efectivo y deja fuera a muchos de los que sufren daños, en especial, a los ciudadanos particulares.

En este sentido, sostiene que entre Campillos y Teba se tramitaron unas 1.500 solicitudes de ayudas tras las inundaciones de las que “si se han resuelto de forma favorable como mucho entre 200 o 300”, se lamentó el regidor, que espera sea diferente en el caso de Sierra Bermeja.