La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), ha solicitado el archivo de la causa en la que se investiga un presunto delito de falsedad documental del acta de la sesión plenaria, presidida por la regidora, en la que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010. El abogado de Muñoz ha solicitado la medida alegando que el acta no se corresponde fielmente con la grabación de la sesión y que el asunto sólo se podría imputar al vicesecretario municipal que firmó el documento pero que falleció el mes pasado.

El escrito que ha sido presentado por el letrado ante el juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, donde se instruyó la causa y que ya decretó el archivo que fue anulado por la Audiencia Provincial, sostiene que procede el sobreseimiento de la causa ya que la responsabilidad penal del secretario municipal ha quedado extinguida por fallecimiento. Añade que es al funcionario a quien correspondía la redacción y custodia del acta del pleno "y la única persona que en su caso podría haber cometido el delito de falsedad en documento público, por imprudencia o sin ella". La defensa de la alcaldesa insiste en que no hay peso jurisdiccional para atribuir a nadie más el presunto delito, y señala que es el propio pleno el que aprueba el acta de la sesión y no el funcionario o alcaldesa. La regidora ha solicitado el archivo tras conocer que la Audiencia de Málaga ha ordenado reabrir el caso atendiendo el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y el Grupo Municipal Socialista como acusación popular, revocando el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que acordó el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, en agosto.

Los magistrados de la Sala hacen constar en su resolución que la redacción y custodia del acta del pleno corresponden al secretario del mismo, y en este caso al vicesecretario, "así como la supervisión y autorización de la misma, y el visto bueno a la alcaldesa doña María Ángeles Muñoz Uriol". Finalmente, en su resolución judicial ordena que se practiquen las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal "en orden a perfilar si concurren los elementos del precitado tipo delictivo". Así, ordena al juez instructor que cite a declarar a las dos funcionarias municipales que realizaron la transcripción del vídeo del pleno, así como a dos exconcejales, Diego Eyzaguirre (PP) y Susana Radío (PSOE), a petición del Ministerio Público. Tras la práctica de estas diligencias, el tribunal señala que el juez instructor podrá adoptar "con absoluta libertad de criterio la decisión que estime conveniente".